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Guardia Nacional, séptimo transitorio

 11 jun 2019

Por: Julia Arrivillaga Hernández

En fechas recientes se aprobaron las leyes secundarias de la Guardia Nacional, y también el gobernador Adán Augusto López Hernández, declaró que la Guardia Nacional estará en el estado a partir del 30 de junio. Esto nos obliga a detenernos en las posibles implicaciones de la operación de este cuerpo de seguridad en la entidad.

Más allá de que la creación de la Guardia Nacional militariza la seguridad ciudadana a través de su integración, sus esquemas de operación, su formación y su mando, con sus previsibles consecuencias para la Policía Federal y los Derechos Humanos, hay algo que no debemos soslayar, sin ser más importante que lo anterior: La Guardia Nacional podrá conocer de delitos federales, delitos del fuero común, además de prevenir tanto delitos como faltas administrativas, estas últimas de competencia municipal. Siendo así, cabe preguntarnos qué pasará con la operación y el futuro de la policía estatal y las policías municipales, incluyendo la de Centro, que está anunciada próxima a formarse.

La colaboración de la Guardia Nacional con las fuerzas estatales y municipales, según la misma ley, se materializaría en un convenio entre aquélla y las personas titulares del poder ejecutivo de éstas. La colaboración sería temporal y cada convenio debe contener los términos y las condiciones de la conclusión de las actividades de la Guardia Nacional, de tal modo que su intervención, en teoría, sería sólo una transición para que las policías locales asuman plenamente las tareas de seguridad que les corresponden. Además, tanto el estado como los municipios que firmen un convenio con la GN deberán hacer un plan de fortalecimiento de sus policías con indicadores claros para evaluar su desarrollo y contemplando los recursos propios y/o federales para desarrollarlo a partir del ejercicio fiscal del próximo año. Esto último, debería de hacerse incluso si no se firma ningún convenio, pues la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada el 26 de marzo de este año, obliga a las entidades a crear un plan de fortalecimiento de sus policías estatales y municipales y entregarlo en un plazo de 180 días a partir de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, es decir, que las entidades deberían de entregar estos planes de fortalecimiento a más tardar el 22 de septiembre de este año.

La Ley también establece que todos los recursos necesarios para la operación de la Guardia Nacional correrán a cargo de la Federación, salvo casos excepcionales, pero no aclara los criterios para declarar esa excepcionalidad. Esos recursos podrían ser en efectivo o en especie, y es importante vigilar cómo se aplicará dicho criterio, y en caso de que se aporten recursos del estado o de los municipios, vigilar que no se descuiden las policías correspondientes.

A partir de lo anterior, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿Cuál es la estrategia de seguridad del estado y de los municipios? ¿Cuál será la temporalidad establecida para la intervención de la Guardia Nacional? ¿Cuáles serán los planes de fortalecimiento y cuáles serán los indicadores para evaluar su desarrollo? ¿Se gastará más en Seguridad Pública o se eficientará el gasto? ¿De dónde saldrán los recursos y qué implicaciones tendrá gastar en ello?

Para atender de la mejor manera posible la crisis de seguridad que vivimos, es fundamental que se abran los procesos de discusión y de participación ciudadana desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia para enriquecer los criterios, el diagnóstico, la planeación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas de seguridad ciudadana en las que deberían de estar incluidas la intervención de la Guardia Nacional y el fortalecimiento de la policía estatal y las municipales. Ojalá que haya voluntad política para ello.

Julia Arrivillaga / Juan Manuel Orozco Moreno.

 

 

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