La polarización narrativa nubla la comprensión social sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, su aprobación representa que por primera vez el Estado Mexicano ejercerá la rectoría de las telecomunicaciones, será el responsable pleno de este bien público que impacta en la educación, la cultura, el consumismo y la formación política.
Atada a un amasijo de intereses que se vieron sacudidos, la cobertura mediática colocó etiquetas de ‘ley censura’ y ‘ley espía’ al ejercicio de tres meses adicionales de debates en el congreso federal, donde la oposición tuvo oportunidad de exponer argumentos y presentar 90 ajustes, reconocidos por el senador de Morena, Javier Corral Jurado, integrante de la comisión revisora. ¿Qué ocurrió después de los conversatorios legislativos? La oposición votó en contra; apostaron por la confrontación mediática, recurrieron al teatro de comedia y evadieron el diálogo propositivo. Su único fin era defender los intereses de los monopolios televisivos y radiofónicos.
La nueva Ley contempla la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano responsable de otorgar, renovar y vigilar la dinámica de las concesiones de radio y televisión pública y privada; establece como obligatoriedad la conformación de las defensorías de las audiencias; publicar su código de ética y atender las quejas de desinformación o calumnias en que haya incurrido el medio de comunicación en sus espacios informativos.
Esta norma Constitucional garantiza el uso del espectro radioeléctrico para quienes habitan en las zonas marginadas y fortalece a los medios comunitarios indígenas y afromexicanos.
Primero hay que ubicar de dónde venimos: en el sexenio de Vicente Fox, en la celebración del Día de la Libertad de Prensa (7 de junio de 2002), el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, besó la mano de Martha Sahagún de Fox, agradeciendo la disminución de los tiempos gubernamentales en televisión. ¿Cómo fue? del 12.5% de la programación total se redujo al 1.5%, que en dinero cantante y sonante se calculó en 11 mil millones de pesos anuales a favor de las televisoras. No fue causalidad: las leyes sobre medios de comunicación tuvieron desde siempre una lógica mercantil y política detrás. Ganancias y control de la información que es control político. En cada sexenio, era común que los gobiernos federales del PRI y PAN confabularan con Televisa, TV Azteca y los monopolios radiofónicos para establecer la agenda política que deberían transmitirse en los noticiarios y en la programación en general; como moneda de cambio se ampliaban las concesiones, se mejoraban los pagos de publicidad gubernamental y se concedía la libertad para promover el consumismo entre su público.
Se ejerció un “modelo de propaganda”, término acuñado por Herman y Chomsky para referirse a la producción de contenidos informativos acorde a los intereses del patrocinador en turno, corporaciones financieras o grupos políticos.
¿Y los derechos de las audiencias? Dormían el sueño de los justos.
Ahora, en 2025, con visión social -por encima de la lógica mercantil- se recuperan esos derechos que -entre otros- incluyen “información plural, diversa y de calidad, proteger la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la réplica, veracidad/triangulación/diversidad de fuentes y protección infantil ante contenidos impropios o inmorales”. En la nueva Ley, la ciudadanía, ante ausencias, puede hacer valer su voz y recordar el precepto legal. Es vital, también, la autorización que se otorga a las radiodifusoras públicas para comercializar el 3% del total de su tiempo transmitido.
¿Por qué es importante para la ciudadanía esta Ley de Telecomunicaciones y radiodifusión? Incide directamente en la cobertura periodística de la realidad social. Escribió George Steiner: “el periodismo es el definidor de lo socialmente verdadero. El periodismo es el jurado supremo que no solamente reparte veredictos de valor (eso cuenta, esto es bueno, aquello inaceptable), sino que también entrega certificados de existencia (esto es, eso está sucediendo, aquello no existe). Si los medios no miran la diversidad social, si se empeñan en mostrar un rasero de selectividad, entonces no cumplirán con su responsabilidad ética. No son meros negocios: hay funciones sociales como el derecho a la información, limitar la promoción del consumismo global, ejercer el periodismo ético y democrático.
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