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¿Quién vigila al censurador?

 12 ene 2021

Por: Moisés H. Yoldi

“Podré estar en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo...” 

Frase adjudicada a Voltaire, pero en realidad es de su biógrafa, Evelyn Beatrice Hall.

En medio del escenario de confrontación y polarización que vivimos, ha surgido un nuevo debate derivado del veto que han impuesto las empresas tecnológicas (Twitter y Facebook) al presidente de EEUU, tras los violentos acontecimientos ocurridos el miércoles pasado en el Capitolio en Washington.

Muchas voces se han expresado en favor de esta censura e incluso se niegan a llamarla así, los argumentos de quienes apoyan la postura son fundamentalmente tres:

1.- La libertad de expresión tiene sus límites. El presidente de EEUU se extralimitó.

2.- Las empresas tienen el derecho de eliminar contenido o suspender cuentas que infrinjan sus políticas.

3.- No se debe permitir mensajes que promuevan el encono, la polarización y el odio en la sociedad o que difunda información falsa.

Sin duda toda persona pensante, decente y bien intencionada coincide con estos tres argumentos.

Entonces ¿dónde está la controversia y porqué se ha generado este debate?

El punto es... ¿quién establece los límites, bajo qué criterio, bajo qué intereses?

Una tarea pendiente es definir cuál es la posición jurídica de las redes sociales y de los operadores de Internet, y cómo se pueden proyectar sobre ellos la libertad de expresión y las exigencias que derivan del principio del pluralismo:

¿Las redes sociales pueden actuar con el poder censor de un editor de un periódico o les es exigible que respeten la neutralidad y el pluralismo como si de un public forum se tratara?

¿Qué garantías y qué riesgos comporta la tendencia privatizadora donde se confía que sean las redes sociales y operadores privados los encargados de la limpieza de Internet, con el poder de bloquear o censurar aquello que estos entes consideren inapropiado, aunque pudiera ser un ejercicio lícito de la libertad de expresión?

Volviendo al punto de origen, no se cuestiona la potestad de Twitter y Facebook para censurar contenido que viole sus políticas. Lo que debemos cuestionarnos es si estamos dispuestos como sociedad a que Facebook y Twitter se erijan como rectores de la ética moral frente a todos y por encima de todos.

La clave de una democracia adulta es que ésta se reconozca como una “sociedad sin padre” (Paul Fedem).

El paternalismo, cuando se proyecta sobre la tutela de la opinión pública donde se forma la conciencia de los ciudadanos, es contrario al ideal democrático. Como afirmara R. Dworkin, “conservamos nuestra dignidad, como individuos, sólo si insistimos en que nadie (ningún oficial ni ninguna mayoría) tiene el derecho de sacar de nuestro conocimiento ninguna opinión argumentando que no estamos preparados para escucharla y considerarla”.

De ahí que la libertad de expresión haya sido, desde sus orígenes, una libertad esencialmente negativa, un derecho de defensa frente a las injerencias del Estado y al establishment.

Fue la libertad que reclamaron los herejes protestantes o los disidentes puritanos que se enfrentaron al absolutismo, aprovechando el invento tecnológico de la imprenta para difundir sus panfletos.

Antes, como hoy, es la libertad del impertinente y del crítico, de quien quiere romper con el orden establecido. Por ello, es una libertad especialmente molesta, tanto para quienes gobiernan como para la mayoría social.

Vale la pena reflexionar sobre ello. En estas preguntas y sus respuestas subyace el futuro de la libertad de expresión en el siglo XXI.

Este texto incluye opiniones y análisis de German Teruel Lozano, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y de Víctor Javier Vázquez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

 

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