lunes 16 junio 2025 4:12 PM
Redactor : Alejandra López Lizalde
México no ha logrado regular el uso de la inteligencia artificial (IA) debido a la ausencia de leyes establecidas y falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, legisladores y órganos autónomos, por lo que puede convertirse en un país consumidor pasivo de esta tecnología, y que no exija su alineación con los derechos constitucionales.
La IA no tiene una definición clara en el ámbito jurídico o técnico. En términos generales, se refiere a los sistemas informáticos capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz e imágenes, la toma de decisiones, la traducción de idiomas o la predicción de patrones a partir de datos masivos. No obstante, la IA ha conllevado a riesgos éticos, sociales y económicos.
De acuerdo con Iván Vladimir García, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, entre 2020 y 2024 se han presentado 58 iniciativas legislativas en el Congreso de la Unión que incluyen el término “inteligencia artificial” en temas como ética algorítmica, ciberseguridad, protección de datos, gobernanza digital y soberanía tecnológica. Sin embargo, ninguna ha llegado a promulgarse como ley.
En abril de 2023, una de las iniciativas más ambiciosas fue presentada en la Cámara de Diputados. Buscaba expedir una “Ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica” y proponía un enfoque basado en el nivel de riesgo de cada sistema y, además, la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Sin embargo, el proyecto no ha sido dictaminado ni retomado desde entonces.
La Ciudad de México presentó en marzo de 2025 una iniciativa de ley ante el Congreso capitalino para regular el uso de la IA en la administración pública. Se busca establecer principios rectores como transparencia, protección de datos, inclusión, rendición de cuentas, la no discriminación algorítmica, e incluso la creación de un Centro de Inteligencia Artificial de la CDMX. No obstante, la iniciativa se limita a la administración pública local y no contempla el sector privado ni los otros órdenes de gobierno.
Fuente: El Economista/JCG/Foto: Freepik
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