CODEHUTAB celebra 36 años de su fundación

En el marco de la conmemoración de su trigésimo sexto aniversario, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) presentó su informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2025, documento en el que la organización civil expuso un balance crítico sobre la actuación de diversas dependencias federales y estatales encargadas de la protección de garantías fundamentales.

Durante la presentación del reporte, la presidencia del organismo, encabezada por Suilma Velázquez, destacó los principales obstáculos enfrentados durante el último año para la defensa de los derechos ciudadanos, poniendo énfasis en las dificultades administrativas y legales impuestas por las autoridades.

Uno de los puntos centrales del informe fue el señalamiento directo contra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). La organización denunció que esta instancia, lejos de facilitar los procesos para las comunidades afectadas, ha implementado mecanismos burocráticos que entorpecen las denuncias populares contra Petróleos Mexicanos (PEMEX) y empresas privadas del ramo.

Según el balance del comité, la agencia exige requisitos onerosos a campesinos e indígenas, como la presentación de poderes notariales para iniciar quejas, lo cual es interpretado por el CODEHUTAB como una estrategia sistemática para blindar a la industria petrolera y garantizar su impunidad frente a daños ambientales y sociales.

En materia de derechos de las mujeres, el informe 2025 alertó sobre retrocesos significativos a nivel nacional y local, criticó la eliminación de la obligatoriedad en el cumplimiento de recomendaciones por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en estados sin Alerta de Género activa, situación que afecta directamente a Tabasco.

A nivel estatal, el organismo calificó al Centro de Justicia para Mujeres como una infraestructura inoperante o "elefante blanco", detallaron carencias graves como la falta de funcionamiento de la sala de oralidad y la ausencia de peritos especializados, obligando a las víctimas a transitar por un proceso de revictimización institucional al tener que peregrinar entre distintas dependencias para formalizar sus denuncias.

Finalmente, el informe de actividades cuestionó el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), evaluó que el organismo nacional ha reducido sus funciones a una labor administrativa de recepción y canalización de peticiones, evitando el análisis de fondo de las problemáticas para eludir la emisión de recomendaciones que pudieran incomodar al Estado mexicano, perdiendo así su autonomía como defensor de la ciudadanía.