PRI denuncia intento de borrar irregularidades del gobierno de Arturo Núñez

El delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo lo Pedro Gutiérrez Gutiérrez, denunció en rueda de prensa un presunto intento de “borrar toda huella” de las irregularidades cometidas durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, junto con su cuenta pública reprobada.

Al señalar el desechamiento de expedientes oficiales relacionados con la Secretaría de Finanzas, resaltó que se busca desaparecer toda la información de ese cason

Afirmó que se solicitará proceder legalmente contra el director del Archivo General del Estado, Laureano Naranjo Cobián, por autorizar la baja documental y el desecho de 18 mil 696 kilogramos de expedientes correspondientes al sexenio de Núñez Jiménez, pese a que la ley establece que la documentación vinculada a cuentas públicas en litigio debe conservarse hasta que exista resolución definitiva.

Gutiérrez Gutiérrez recordó que tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) documentaron irregularidades por más de 28 mil millones de pesos tan solo en el último año de la administración de Núñez Jiménez, correspondiente a 2018, lo que representó cerca del 88 por ciento de las partidas auditadas y derivó en la reprobación de la cuenta pública por parte del Congreso local.

El delegado priista subrayó que, pese a la magnitud de las observaciones, hasta el momento no se ha informado de servidores públicos vinculados a proceso o sancionados penalmente.

Entre las irregularidades señaladas por los entes fiscalizadores mencionó recursos ejercidos sin comprobar, pagos sin soporte documental, contratos incumplidos, fondos aplicados sin apego a la normatividad y el uso irregular de mil millones de pesos de un fideicomiso destinado al desarrollo empresarial, los cuales habrían sido desviados a otros fines.

Ante este panorama, anunció que el PRI impulsará la creación de una comisión legislativa especial para investigar la legalidad de las actuaciones del director del Archivo General del Estado, revisar las auditorías practicadas durante cada año del gobierno de Núñez Jiménez, dar seguimiento a las denuncias penales federales y locales, y esclarecer el destino de recursos observados, incluidos los mil millones de pesos administrados por un fideicomiso encabezado por Martha Lilia López Aguilera, esposa del exgobernador, así como observaciones por más de mil 270 millones de pesos al entonces secretario de Finanzas, Amet Ramos Traconis.