Secretaría Anticorrupción presenta Glosa del 1er Informe de Gobierno

Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Mileyli María Wilson Arias, compareció ante la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, donde detalló los resultados de la nueva estrategia estatal enfocada en la prevención, la austeridad y la reingeniería administrativa.

Durante su intervención, la funcionaria explicó que la dependencia a su cargo armonizó su política con la estrategia federal, lo que derivó en reformas estructurales significativas. Entre estas modificaciones destaca la extinción del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción; las funciones de ambos organismos fueron absorbidas por la Secretaría de Buen Gobierno con el objetivo de simplificar la administración y reducir costos.

Fiscalización y control de recursos

En materia de vigilancia del uso de recursos públicos, se informó que se concluyeron 52 auditorías con un monto fiscalizado superior a los 6 mil 413 millones de pesos. Estas revisiones fueron ejecutadas mediante una colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación, la instancia estatal de Buen Gobierno y los Órganos Internos de Control. Actualmente, permanecen en proceso otras 61 auditorías y 36 revisiones externas adicionales.

Derivado de estos procesos y de otras labores de vigilancia, se iniciaron 3 mil 333 expedientes de investigación por presuntas faltas administrativas. La mayoría de estos casos corresponden a omisiones en la presentación de declaraciones patrimoniales, aunque también se incluyen investigaciones por resultados de auditorías y denuncias ciudadanas. A la fecha, se han presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y se han emitido sanciones contra cinco contratistas y un proveedor.

Cumplimiento administrativo y participación ciudadana

La secretaria destacó un nivel de cumplimiento del 97.6% en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses por parte de los servidores públicos, cifra alcanzada tras la implementación de módulos de asistencia y la apertura anticipada del sistema desde abril.

Para fortalecer la vigilancia social, se constituyeron 62 Comités de Contraloría Social para supervisar programas federales y 279 comités estatales enfocados en el desarrollo social. Además, se realizaron más de 13 mil verificaciones físicas en campo para constatar la entrega de apoyos en programas agrícolas, ganaderos y de fomento económico.

Finalmente, la dependencia reportó la realización de mil 759 actos de entrega-recepción de funcionarios públicos y subrayó la inclusión de las comunidades originarias mediante la distribución de material informativo para quejas y denuncias traducido a las lenguas yokot’an y ch’ol.