viernes 7 noviembre 2025 4:39 PM
Redactor : Alejandra López Lizalde
El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) insistió este viernes en rechazar el juicio que se le sigue por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó a finales de 2022 y que se encuentra en la etapa de alegatos finales.
Al tomar la palabra, al inicio de una audiencia, Castillo volvió a criticar que la Fiscalía haya buscado cambiar la acusación de rebelión a conspiración para tratar de asegurar una condena que lo mantenga en prisión.
El exmandatario dijo que el Ministerio Público (Fiscalía) había olvidado el jueves, al hacer su alegato final, que él había sido procesado al inicio de las audiencias por el delito de conspiración, pero que después la Fiscalía dejó de lado esa imputación e introdujo el delito de rebelión.
"Decía que había coordinado con los militares y había cambiado al comandante general del Ejército. No convencido con eso, ahora dice que al leer este discurso yo tenía metralletas en la palabra", manifestó el exmandatario, recluido en el cárcel de Barbadillo, la prisión para expresidentes de Perú, donde también se celebran las audiencias.
Castillo agregó que "toda esa historieta que ha contado (el fiscal) ha llegado a concluir que, como ha pedido 34 años y no se configura el delito de rebelión, pero por conspiración mejor le bajo la pena a diecinueve años".
El expresidente rechazó el juicio y exclamó que "el Perú está viendo cómo se conduce la justicia el día de hoy".
Así mismo, Castillo se dirigió a la Procuraduría del Estado (Abogacía del Estado), que hoy hizo público el monto de la reparación civil solicitada en su contra, para decirle que esperaba que tenga "el mismo valor de decir cuánto tengo que pagar" al momento de cobrar "las grandes deudas que tienen las grandes empresas" con el país.
El representante de la Procuraduría pidió 500.000 soles (148.000 dólares ó 128.000 euros) de reparación civil contra Castillo por abuso de autoridad y otro monto similar por grave perturbación del orden público, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que anunció en un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022.
El procurador del Estado añadió una reparación conjunta de 64 millones de soles (19 millones de dólares ó 16,4 millones de euros), como pago solidario de todos los procesados, entre los cuales están la ex primera ministra Betssy Chávez, el exministro Willy Huerta, y el exjefe del gabinete de asesores y ex primer ministro Aníbal Torres, además de tres exoficiales de la Policía.
El funcionario añadió que esos montos son "una expresión proporcional de la gravedad del daño a la vida constitucional de la república" y pidió a la sala que imponga la sanción para enviar un mensaje a la ciudadanía de que "la democracia se defiende con leyes".
Durante la audiencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia también leyó los escritos ingresados por la fiscal suprema, Zoraida Ávalos, en los que deja constancia de la inasistencia de Betssy Chávez al control biométrico y a las audiencias, tras su ingreso a la residencia de la Embajada de México en Lima para pedir asilo político.
En la jornada se conoció que Ávalos ha pedido al juez supremo Juan Carlos Checkley que revoque la comparecencia otorgada a Chávez y le dicte prisión preventiva hasta la próxima lectura de sentencia.
El Gobierno peruano ha informado que está evaluando el otorgamiento del salvoconducto necesario para que Chávez pueda abandonar el país rumbo a México, nación con la que ha roto las relaciones diplomáticas por este asilo político que considera un "acto inamistoso" y una "inaceptable injerencia" en sus asuntos internos.
Fuente:EFE/All/Foto:X
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