AMLO ha usado a más militares en tareas de seguridad que Calderón o Peña Nieto, critica Amnistía Internacional

En México en el 2020, las denuncias de violencia contra las mujeres aumentaron, las fuerzas de seguridad continuaron realizando detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos y el Presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatizó a activistas a la vez que incrementó sustantivamente la militarización, señaló un informe de derechos humanos.

El "Informe 2020/2021 La situación de los Derechos Humanos en el Mundo" de Amnistía Internacional publicado este miércoles afirmó además que en la pandemia de Covid-19, el personal sanitario en el País denunció escasez de material de protección personal y que el Gobierno federal reaccionó al brote con recortes de gasto público.

Amnistía Internacional denunció que el Presidente López Obrador ha minimizado la violencia contra las mujeres y que su Gobierno ha desplegado "más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores" y que les cedió el control de las aduanas.

"En mayo, el Presidente emitió un decreto que permitía el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024", señaló el documento.

"El decreto carecía de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las fuerzas armadas fuera conforme con las normas internacionales".

A nivel global, el reporte de Amnistía señala que la pandemia golpeó con mayor fuerza a grupos que ya estaban oprimidos debido a la desigualdad, el abandono y los abusos de décadas.

Entre los más afectados en el mundo, señaló el informe, estaban los refugiados y las mujeres, además del personal de salud, los trabajadores migrantes y los empleados del sector informal.

En México, Amnistía Internacional denunció que como parte de su respuesta de austeridad ante el Covid-19, el Gobierno eliminó fondos que eran prioritarios.

"En abril, el Gobierno aplicó políticas de austeridad a través de un decreto que recortaba el gasto público salvo en programas que se consideraban prioritarios, como varios proyectos importantes de infraestructura", dijo el reporte.

"En septiembre, el Congreso de la Unión disolvió varios fideicomisos públicos, entre ellos los establecidos para apoyar la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y víctimas de violaciones de los derechos humanos, y para abordar el cambio climático".

El documento también señaló homicidios ilegítimos como el de Giovanni López Ramírez, quien murió bajo custodia policial en Jalisco en mayo pasado; el intento de la Fiscalía General de la República por cerrar la investigación de Tlatlaya; la situación de las desapariciones forzadas, con casi 7 mil casos en 2020, así como el aumento de la violencia contra las mujeres, pues en 2020 se registraron 3 mil 5752 asesinatos y 969 fueron investigados como feminicidios. Por otro lado, el Informe de Amnistía reportó que hubo avances en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fuente: Reforma/laor/Foto:Especial