Elección judicial: cambio de régimen y justicia

Devolver ética a la justicia, anhelo supremo en la elección judicial del 01 de junio próximo.                                          

Celebrar con la elección de 9 Ministras y Ministros en el 200 aniversario de la creación de la Suprema Corte de Justicias de la Nación representa la oportunidad histórica de los ciudadanos mexicanos de abrir al Poder Judicial el escrutinio público, un espacio reservado para la clase gobernante, partidos políticos y empresarial; los funcionarios judiciales abandonaron su función de defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para convertirse en muchas ocasiones en una ventanilla de pago de trámites, con pase automático para el poder ejecutivo, legislativo, empresarial y crimen organizado.

Como guardianes de la Ley los magistrados de la Corte deben velar por el respeto a la Constitución, reservándose el derecho de aplicar medios de control como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y determinar la constitucionalidad de las consultas populares.

Sin embargo, en lo que respecta a los Juicios de Amparo, medio jurisdiccional protector de los derechos humanos, predominan ejemplos de la intervención del poder judicial para defender a particulares con dudosa reputación, existen evidencias de cómo han beneficiado con amparos y dejado libres a los integrantes del crimen organizado identificados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Santa Rosa de Lima y la Guardia Guerrerense.

Los amparos en materia fiscal son una “protección” de los inversionistas para pagar menos impuestos en caso emblemático de Ricardo Salinas que se refugió en los amparos para buscar la condonación de 63 mil millones de pesos entre multas y recargos adeudados al SAT, la industria del amparo fiscal incluiría también a consorcios como televisa, bancos, empresas de comida rápida como KFC, Pizza Hut, McDonald’s, concesionarias de automóviles, comercializadora de Jumex, todos ellos buscan un resquicio de la ley para evadir los pagos correspondientes al fisco.

CONTROL POLÍTICO

Con la necesidad de control político, los gobernantes del viejo régimen (PRI-PAN) postergaron reformas cruciales al Poder Judicial. El modelo neoliberal mantuvo el teléfono rojo entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Resultado? Subordinación de la justicia a élites políticas/económicas. Fue el ‘matrimonio’ del poder político y el poder económico lo que detectó AMLO entre 2018-2024, cuando el Presidente enfrentó el mayor número de amparos (más de 5 mil) contra políticas del gobierno federal. Boicot en toda regla al proyecto de nación 4T que había triunfado en las urnas.

Con argumentos legalistas, la Suprema Corte se ‘descubrió’ como poder autónomo, mientras en los hechos encabezaba la oposición política al impulso de transformación que surgió del voto ciudadano. ¿Pudo ser de otra manera? Vistos los intereses sociales y económicos enquistados en el Poder Judicial, quizá no. De cualquier modo, la forma de ‘hacer política’ de la Suprema Corte arrinconó a ministros y jueces, que se dijeron perseguidos por el poder presidencial. ¿Realmente fue así? Hay otra interpretación: al ‘hacer política’ y no centrarse en impartir justicia, como poder institucional que valora los criterios republicanos de colaboración, ministros y jueces entraron a una dinámica de confrontación que tuvo consecuencias políticas.

Las últimas paletadas a la ‘neutralidad’ del poder judicial fueron:

1) la huelga con goce de sueldo, decretada desde ‘la burocracia dorada’ del Poder Judicial, para oponerse a una reforma constitucional realizada en el Poder Legislativo -con mayoría calificada de MORENA y aliados, PVEM y PT-, lo que implicó un desafío al orden constitucional y el despeñadero definitivo de la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía;

2) la estrambótica suspensión de la reforma constitucional, por una jueza de Coatzacoalcos (sin competencia para emitir ese tipo de suspensión), lo que incluyó petición de sanción a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo;

3) la intentona de la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña (noviembre 5/2024), para frenar la reforma judicial con votación de 6 ministros, sin tener los 8 ministros (de 11) requeridos por la ley.

El Poder Judicial necesita una sacudida, con cambios de fondo. Eso está en juego con la decisión de, por primera vez, elegir vía voto ciudadano a funcionarios de justicia: ministros, jueces, magistrados.

Más allá de las dificultades del proceso de elección, que las hay, una cuestión era impostergable: incorporar a la ciudadanía en la elección judicial para recuperar representatividad social (legitimidad en el cargo) y rendición de cuentas (visibilidad de los funcionarios, para medir eficacia o inoperancia).                                       

Además de los 9 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de junio se elegirán mediante el voto popular a 872 funcionarios judiciales, es la oportunidad única de lograr desmantelar una estructura judicial contaminada de impunidad, corrupción y nepotismo.