Gobierno de Baja California confirma contratos con personas y empresas señaladas por OFAC

El Gobierno de Baja California confirmó que mantiene o mantuvo diversos contratos con algunas personas y empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La administración estatal informó, mediante un documento firmado por el oficial mayor David Ramses Cervantes Aguilar, que fueron identificadas “diversas contrataciones formalizadas con algunas de las personas mencionadas en el listado emitido por la OFAC”.

Sin embargo, el documento no especifica cuáles son los contratos involucrados ni identifica a las personas a las que se refiere cada contratación.

El escrito, dirigido al director de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública, Víctor Manuel Cortés Rodríguez, señala que, al momento de formalizar los contratos, no se detectó impedimento legal para realizarlos. También se indicó que se revisó que los involucrados no estuvieran sancionados o inhabilitados, que no existiera conflicto de interés y que cumplieran con sus obligaciones fiscales.

Tras conocerse los señalamientos de las autoridades estadounidenses, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ordenó remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se realicen las investigaciones y acciones correspondientes conforme a la legislación.

“Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos”, señaló la gobernadora en un comunicado.

El Gobierno estatal agregó que, a partir de los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, no permitirá que personas o empresas señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntos vínculos con grupos criminales sean proveedores del Estado mientras no aclaren y resuelvan formalmente su situación jurídica.

En materia de seguridad pública, la administración estatal precisó que los contratos relacionados con las empresas señaladas corresponden a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento operativo.

Ávila Olmeda afirmó que los expedientes serán revisados y documentados para determinar si existe alguna irregularidad.

“Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar”, sostuvo.

Entre las empresas mencionadas en la información proporcionada se encuentran Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., en la que Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora, aparece como accionista con una participación del 30 por ciento.

También figuran Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; y Distribuidora y Comercializadora ATAF, señaladas como propiedad de Luis Torres, hermano de la persona anteriormente mencionada. Asimismo, aparece Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., atribuida a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, así como Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V., relacionada con Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Hasta el momento, el Gobierno de Baja California sostiene que las contrataciones se realizaron cuando no existían impedimentos legales conocidos y que la revisión de los expedientes determinará si existe alguna irregularidad que deba ser sancionada.

Fuente:Aristegui-LavozdeFrontera/All/Foto:X