domingo 27 septiembre 2026 1:40 PM
Redactor : Juan Carlos García
Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, abrió el debate sobre la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos cometidos entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El informe, titulado _Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico_, plantea que asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento digital y estigmatización no son hechos aislados, sino parte de un patrón de persecución.
El proyecto fue diseñado inicialmente para ser presentado ante la Fiscalía de la CPI y como un ejercicio para probar cómo el tribunal puede perseguir crímenes internacionales cometidos o facilitados con herramientas digitales.
NEW: A new @hrcberkeley investigation found that in Mexico during President Andrés Manuel López Obrador's administration (December 2018 to September 2024), 337 journalists and human rights defenders were killed—a number much higher than previously reported.
— Tyler McBrien (@TylerMcBrien) September 24, 2026
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En el periodo analizado, el centro documentó 337 asesinatos de integrantes de estos grupos: 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos. Para Berkeley, los homicidios son solo la parte más visible de una serie de agresiones contra quienes investigaban delincuencia, corrupción y abusos de poder. La impunidad en estos casos, calcula, se mantuvo entre 93% y 99%.
Otro eje es el espionaje. El análisis forense del estudio encontró evidencia del uso del software Pegasus durante la administración de López Obrador y rastreó la compra y operación de herramientas de vigilancia hasta estructuras de la Secretaría de la Defensa Nacional. También documenta el uso de tecnologías como Geomatrix y la extracción de información de dispositivos electrónicos, con sustento en parte en los cerca de seis terabytes de correos y archivos de Sedena filtrados en los Guacamaya Leaks.
Aunque la ruta inicial era la CPI, Berkeley explicó que las sanciones de Estados Unidos contra el tribunal cerraron la vía legal prevista para presentar el expediente, por lo que la investigación se convirtió en una plataforma pública con información sobre víctimas, casos y pruebas recabadas.
Fuente: infobae/jcgm/Foto: EFE
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