Trump endurece las restricciones migratorias y de visas en EE.UU. en medio de récord de deportaciones

El Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado en los últimos días sus medidas contra la inmigración, con nuevas restricciones para obtener visas y entrar a Estados Unidos, mientras el país registra un récord de detenciones y deportaciones durante su segundo mandato.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó en julio 49.571 detenciones, la cifra mensual más alta registrada durante el actual mandato de Trump, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

La política migratoria de la Administración también ha provocado una ola de demandas judiciales impulsadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU). Algunas de estas acciones legales han conseguido frenar temporalmente decisiones del Gobierno.

Una de las medidas más recientes fue el anuncio del Departamento de Estado de suspender temporalmente las citas para solicitar visas de inmigrante en todo el mundo. El Gobierno argumentó que necesita capacitar a su personal consular en nuevos procedimientos.

La decisión se produjo pocos días después de que una jueza federal de Nueva York anulara, el 21 de agosto, la suspensión de la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La magistrada consideró que la medida era contraria a la ley y excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras el nuevo anuncio, familias inmigrantes y organizaciones de defensa legal acudieron nuevamente al tribunal federal de Nueva York para exigir que Rubio cumpla con el fallo judicial.

Los demandantes sostienen que las recientes acciones del Gobierno podrían representar un intento de mantener la suspensión de los trámites pese a la orden de la jueza.

Las restricciones no se limitan a las visas de inmigrante. La Administración Trump también ha impuesto fianzas de entre 10.000 y 20.000 dólares para solicitantes de visas de turismo y negocios procedentes de 50 países, principalmente africanos. La medida también afecta a ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El Gobierno ha retomado además la política conocida como "carga pública", utilizada durante el primer mandato de Trump para limitar la posibilidad de obtener la residencia permanente a inmigrantes considerados susceptibles de depender de determinadas ayudas públicas.

Esta semana, Trump anunció también una fianza de 100.000 dólares para los solicitantes de visas H-1B, utilizadas habitualmente por trabajadores especializados, especialmente en sectores como tecnología e ingeniería.

La ofensiva migratoria alcanza asimismo a personas protegidas por programas como DACA, que beneficia a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y el Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a determinados extranjeros vivir y trabajar legalmente en el país mientras cuentan con protección frente a la deportación. La Administración también estudia cancelar visas de negocios y turismo a extranjeros que hayan solicitado asilo después de ingresar a Estados Unidos.

Fuente:EFE/All/Foto:Freepik