El oscuro pasado de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte

Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y figura destacada en el ámbito jurídico, está a punto de convertirse en el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras las recientes elecciones judiciales celebradas el pasado 1 de junio.

Aunque su llegada ha sido celebrada como un avance simbólico comparable al legado de Benito Juárez, su trayectoria ha generado fuertes cuestionamientos debido a su implicación en procesos de consulta indígena relacionados con megaproyectos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.

Aguilar Ortiz fue el encargado de coordinar las consultas indígenas que pretendían dar legitimidad a estos proyectos. No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió que dichos procesos no cumplieron con los estándares internacionales. En el caso del Tren Maya, se denunció que las consultas fueron unilaterales, carecieron de información completa y omitieron deliberadamente los impactos negativos de la obra.

Además, la metodología utilizada no fue acordada con las comunidades, lo que debilitó el carácter libre, previo e informado del proceso.

De manera similar, el Corredor Interoceánico ha sido señalado por irregularidades en su consulta pública. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunció que se invitó solo a algunas autoridades sin informar adecuadamente a las comunidades, lo que provocó que dichas autoridades no pudieran representar legítimamente a sus pueblos. Pueblos indígenas nahuas y popolucas expresaron su rechazo formal al proyecto, señalando que nunca fueron debidamente informados ni incluidos en el proceso.

Además de estas controversias, existen denuncias de represión y violencia en contra de comunidades opositoras al Corredor Interoceánico. Un caso emblemático es el asesinato de Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de San Juan Guichicovi, Oaxaca, miembro de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), quien se oponía activamente al tren. Otros defensores como Juana Inés Ramírez Villegas enfrentan procesos penales por su participación en acciones de resistencia contra el megaproyecto.

En septiembre de 2024, más de 20 organizaciones de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec publicaron un informe detallando diversas agresiones sufridas por comunidades indígenas entre 2021 y 2024, en el contexto de las obras del Corredor. La llegada de Aguilar Ortiz a la SCJN, en este escenario de denuncias y presuntas violaciones a los derechos de los pueblos originarios, ha encendido la alerta entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes temen que su historial refleje una postura complaciente ante los abusos cometidos en nombre del desarrollo.

Fuente: Aristegui Noticias/ MAG/ Foto: X