Advierten riesgos de usar inteligencia artificial en la justicia sin regulación en México

El profesor e investigador de la UNAM, Marco Antonio Seind Chávez, alertó sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial en la impartición de justicia administrativa en México, al señalar que estas tecnologías deben mantenerse bajo supervisión humana y contar con una regulación clara para evitar afectaciones a los derechos humanos y al debido proceso.

Durante una entrevista en XEVA Noticias, Primera Emisión, el especialista explicó que la inteligencia artificial puede ayudar en tareas como la organización de expedientes, análisis de información y predictibilidad de resoluciones judiciales; sin embargo, consideró peligroso que sustituya completamente la decisión de jueces o autoridades.

“El ser humano es quien puede revisar todas las variables de un caso y entender el impacto social, económico y jurídico de una resolución”, afirmó.

El académico señaló que actualmente existen tres modelos internacionales de regulación de inteligencia artificial:

• El modelo chino, basado en un fuerte control estatal.
• El modelo europeo, que regula la IA de acuerdo con el nivel de riesgo.
• El modelo estadounidense, que privilegia la innovación con menos restricciones.

Sain Chávez advirtió que México aún no cuenta con una legislación específica en la materia y reveló que existen más de 50 iniciativas congeladas en el Congreso relacionadas con inteligencia artificial.

Asimismo, explicó que el uso irresponsable de estas herramientas podría afectar derechos como:

• La protección de datos personales
• El acceso a la justicia
• El debido proceso
• La transparencia y acceso a la información

El investigador también alertó sobre los llamados “errores o alucinaciones” de la inteligencia artificial, donde plataformas generan información falsa o inexistente. Como ejemplo, mencionó un caso en Estados Unidos donde un abogado perdió su autorización profesional tras presentar una demanda elaborada con inteligencia artificial que incluía precedentes jurídicos inexistentes.

Finalmente, el especialista destacó la importancia de impulsar una regulación nacional y establecer criterios éticos para el uso de estas tecnologías, especialmente en áreas sensibles como la justicia, la administración pública y los procesos democráticos.