Cuestiona CODEHUTAB postura oficial sobre seguridad en la refinería 'Olmeca'

El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) manifestó su desacuerdo con las recientes afirmaciones del Ejecutivo estatal respecto a la seguridad operativa de la refinería 'Olmeca' en Dos Bocas, señalando una discrepancia entre el discurso oficial y los incidentes registrados en el complejo industrial.

Efraín Rodríguez León, asesor jurídico de la organización civil, calificó de desafortunada la postura del gobernador Javier May Rodríguez, quien recientemente destacó la alta tecnología y las certificaciones de la planta para descartar peligros a la población.

Para el activista, estas declaraciones contrastan con el historial operativo del recinto, donde se han documentado eventos de riesgo como fugas e incendios que ponen en entredicho la infalibilidad de los sistemas de seguridad mencionados por la autoridad.

Desde la perspectiva de la organización no gubernamental, existe una directriz política clara para proteger la imagen de la refinería.

Al tratarse de una de las obras cumbres del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el CODEHUTAB considera que los funcionarios emanados del partido Morena evitarán cualquier acción o declaración que pueda vulnerar la reputación de este proyecto estratégico nacional, priorizando la narrativa política sobre la crítica técnica.

En un tema paralelo relacionado con la actividad petrolera, la organización abordó la problemática de los mecheros de Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuya actividad ha generado quejas en los municipios de Jalapa, Centro y Teapa.

Sobre este punto, Rodríguez León advirtió sobre la falta de credibilidad de los estudios de impacto ambiental que realizará la propia empresa productiva del estado. El jurista anticipó que dichas evaluaciones podrían carecer de imparcialidad, sugiriendo que los resultados estarían viciados de origen para favorecer a la petrolera.

Ante este escenario, el comité hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SEMADES) para que asuma un rol activo y garante.

La exigencia se centra en que la dependencia estatal no permanezca al margen y asegure la protección efectiva del entorno ecológico y la salud de las comunidades afectadas por la quema de gas.