En 2019 nace la Guardia Nacional (GN) un nuevo cuerpo policíaco que sustituyó la anterior Policía Federal, organización con más de 90 años al servicio de México. En ese año, una servidora era diputada federal y el oficialismo defendió esta propuesta legislativa argumentando los terribles resultados en materia de criminalidad en el país, además solicitó confianza al poder legislativo para que el gobierno entrante implementara una nueva política en materia de seguridad pública. Casi 6 años después podemos observar que no sólo la promesa no se alcanzó, sino que el ambiente de inseguridad se ha recrudecido en todo el país cobrando diariamente alrededor de 100 vidas inocentes.
Desde su creación, la GN fue concebida como un cuerpo civil “con entrenamiento y disciplina militar”, pero acotado por un periodo que inicialmente fue de 5 años y que previo a su vencimiento, se amplió por otros 4 años más. Además, se estableció que su dualidad militar-civil sería un caso extraordinario mientras se concretaba su formación e integración, y que estaría fiscalizado directamente por el Senado.
Al paso de los años podemos constatar que nada de esto se llevó a cabo. Y lejos de que la militarización de la guardia nacional concluyera en los plazos establecidos, la semana pasada fue aprobada una reforma que las transforma definitivamente en una organización militar que puede actuar en tiempos de paz.
La militarización de la seguridad pública en México ha generado serias preocupaciones entre defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que advierten sobre los riesgos de este cambio.
Primero, porque podría aumentar los casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 6 sentencias contra México en casos relacionados con desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidos por fuerzas militares; y desde la creación de la GN las quejas por esta materia en la Comisión Nacional de Derechos Humanos han ido aumentando constantemente.
Segundo, porque autoriza facultades a la GN que están prohibidas por la Corte Interamericana como la investigación de delitos. Y tercero, porque en ninguna parte de la discusión parlamentaria se habló sobre el fortalecimiento de las policías locales, más bien los recursos públicos que antes recibían como el FORTASEG fueron borrados del presupuesto desde que Morena gobierna.
Antes de concluir quisiera mostrarles cómo es la seguridad pública en el mundo. Víctor Manuel Sánchez, publica un análisis muy interesante en Nexos con información que recopila de 200 países que muestra como 75% de éstos cuentan policías civiles o predominantemente civiles. Los pocos países con policías militares son de gobiernos autoritarios y poco desarrollados como Colombia, Corea del Norte, Nicaragua, Angola o Irán. La investigación demuestra también una correlación positiva entre democracia y el tipo de corporaciones policiacas; destacando que de los 20 países con mayor democracia (según el Democracy Index) 18 cuentan con policías totalmente civiles y 2 predominantemente civiles.
Si bien esta nueva Guardia Nacional cien por ciento militar puede ofrecer una mayor capacidad de respuesta ante el crimen organizado, podemos estar seguros que también representa un riesgo latente para los derechos humanos y el equilibrio democrático. Tristemente, México ha decidido establecer una ruta clara hacia el debilitamiento de sus instituciones y el estado de derecho que marcará el futuro de nuestras próximas generaciones.
@PerezSoraya
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