Reforma Judicial urgente

Como economista estoy convencida de la relevancia del estado de derecho para la atracción de inversiones, así como para aprovechar las ventajas del fenómeno mundial para la relocalización de activos. Por eso resulta lógico que la presidente electa Claudia Sheinbaum tenga como prioridad una reforma de gran calado al sistema judicial mexicano; sin embargo, ¿el contenido de esa propuesta es técnicamente viable? ¿contribuye a mejorar? ¿o más bien buscar someter al poder judicial a los objetivos ideológicos de Morena?

La reforma tiene cosas positivas, como disminuir los plazos previstos en las reglas procesales para que la justicia sea más expedita. Desafortunadamente, esto no podrá traducirse en una disminución del rezago judicial, incluso posiblemente lo agrave, porque viene acompañada de una reducción del número de ministros y la eliminación de salas; además, tampoco se contemplan recursos adicionales para aumentar las capacidades tecnológicas, humanas y físicas del poder judicial.

Una de mis principales preocupaciones es la politización de la justicia.  El presidente López Obrador mencionó como irreductible que los ministros, magistrados y jueces se designen por voto popular. Esto significa la destitución automática de 1,647 servidores públicos del orden federal y deja pendiente la fecha del cese de otros 5 mil juzgadores locales; en otras palabras, acabar de un plumazo con la carrera judicial que tantas décadas ha costado y desaparecer el mérito y la profesionalización.

Si bien democratizar la justicia permitiría a los ciudadanos tener una voz directa en la composición del Poder Judicial, fomentando un sentido de participación y responsabilidad cívica, la realidad es que el Poder Judicial no está para representar al pueblo sino para aplicar la justicia. Tan sencillo como lo platicaba en alguna ocasión, si abordas un avión no te gustaría que te preguntaran quien te gusta más para que lo pilotee a su destino, sino que lo haga el más capacitado.

¿Qué sentido tendrá que un juez se prepare, sea honesto y un experto en la ciencia del Derecho si lo que definirá su permanencia será su capacidad para hacer una buena campaña?

Los ministros deben ser imparciales y tomar decisiones basadas en la ley y la Constitución, no en la popularidad o las presiones políticas. Si los jueces son elegidos por voto popular, existe el riesgo de que las campañas electorales se conviertan en concursos de simpatía en lugar de evaluaciones sobre la capacidad judicial y la integridad ética de los candidatos. Además, el costo de las campañas electorales podría generar problemas de financiamiento y dependencia de intereses particulares. Los candidatos podrían necesitar financiamiento externo para competir, lo que los haría susceptibles a la influencia de donantes poderosos o grupos de interés, incluido el narcotráfico, lo que comprometería su independencia.

Es verdad que, en países como Bolivia, Japón y en algunos estados de Estados Unidos sí se eligen a ciertos jueces por voto popular; no obstante, los candidatos están designados por una comisión judicial, y en todas estas experiencias la legitimidad de los juzgadores electos es menor que la de los juzgadores designados debido a que sus actividades de promoción merman la percepción de imparcialidad judicial.

En Bolivia ha sido un fracaso total, al grado que en diciembre de 2023 se debían realizar nuevas elecciones judiciales, y como el partido oficialista no tenía mayoría, no se pudo definir la lista de candidatos lo que ha llevado a una crisis judicial sin precedentes. Ese es el futuro que le espera a México.

Dejaré mis propuestas para una siguiente edición de esta columna, pero estoy cierta que el parlamento abierto organizado desde el Congreso servirá solo para intentar legitimar la decisión, porque Andrés Manuel es quien dicta los puntos y comas de ese documento. Más sí se logra parar o modificar sustancialmente esta aberrante iniciativa será una oportunidad para dejar claro que la futura presidente de México es Claudia no AMLO.