Como expresidente del Colegio Nacional de Economistas y ahora como presidenta fundadora de Nación Incluyente, la asociación líder en el estudio del desarrollo económico inclusivo; he participado en diversos foros en los que hago hincapié en que la gran agenda pendiente de México es la desigualdad.
La igualdad es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desafortunadamente, en México y en gran parte del mundo se quebranta este derecho. Las personas están muy inconformes porque no están disfrutando los beneficios del poco desarrollo de las naciones, y el bienestar de las familias y sus integrantes se incrementa con demasiada lentitud.
Detengámonos a analizar algunos datos. México es el tercer país con más desigualdad económica entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tan solo detrás de Colombia y Costa Rica (OCDE, 2023). Aunado a esto, la disminución de la pobreza no ha sido contundente. En 2018, 42 de cada 100 mexicanos vivían en pobreza, en 2020 la cifra aumentó a 44 y en 2022 bajó a 36, de los cuales 7 se encuentran en pobreza extrema. Según datos recientes del CONEVAL, hay 8 millones más de personas con algún tipo de carencia educativa, de acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad, espacios y servicios a la vivienda y de alimentación; mientras que en 2018 un mexicano tenía 2.4 promedio de carencias, para 2022 tenemos 2.6 carencias.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2022; la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 15 a 1 mientras que en el promedio de los países de la OCDE es de 9 a 1. También, la seguridad social se ha vuelto un privilegio de los más ricos, más de 50 por ciento de los mexicanos experimentan carencia por acceso a la seguridad social, dicha carencia se refiere al acceso a la salud, ahorros para el retiro o pensiones; especialmente preocupante es el acceso a la salud, ya que más de 15 millones de mexicanos perdieron la posibilidad de acceder a un sistema de servicios en salud en los últimos años.
Para sumarle una rayita más al tigre, los esfuerzos de política social en México han sido errados e insuficientes, a pesar de que las transferencias en desarrollo social pasaron de representar el 5.2 al 6.0% del PIB (SHCP, 2023), de 2018 a 2022 disminuyó el número de hogares del primer decil que reciben transferencias gubernamentales en casi 200 mil.
Nuestra visión de una política social efectiva, incluyente y sostenible, es aquélla que esté centrada en la familia mexicana y en cada uno de sus integrantes. Que tenga como objetivo alcanzar un piso mínimo de bienestar social que asegure la participación de todos los sectores y regiones, especialmente los más rezagados; que fortalezca y ensanche la clase media, quienes se han convertido en el motor económico de nuestro país; y, además que contemple como elemento del mayor interés la participación plena de las mujeres.
Estos análisis y desafíos formarán parte de la presentación del Índice Nacional de Desarrollo Inclusivo 2023, que daremos a conocer a principios del siguiente año en el auditorio del periódico El Economista y que será una guía para que los tomadores de decisiones trabajen en torno a un México más justo e incluyente para tod@s ¡Espérenlo!
@PerezSoraya
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