¡Esto ya se puso bueno!
Y bueno, mientras este nuevo frente frío nos acerca al café con pan —un deporte de alto riesgo— iniciamos el año con peligro inminente en cuanto a telefonía y registros telefónicos, que a estas alturas me hacen querer dedicarle, al estilo de Ana Bárbara, aunque desde luego no canto tan bien como ella, pero del corazón me sale decirle a Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: “tu ley es una trampa, una trampa maldita…”.
Iniciemos por el principio.
Estaba a punto de irme a registrar cuando, en pleno 10 de enero, estalla la noticia. Qué digo noticia: notición. Un día después de haber iniciado con esta ideota —idea grandota, no se vayan a creer— el mercado negro se medio blanqueaba. Se reportaron vulnerabilidades en las plataformas de registro, como Telcel, lo que demuestra que las plataformas no estaban listas.
Hoy, en la CDMX, Puebla y otros estados se pueden adquirir chips legales. No para terminar con la ilegalidad, sino para meter en líos a otro: a quien sí creyó en la seguridad y en el deseo de cumplir como ciudadano.
¿Y por qué no detener el proceso si ya hubo filtraciones?
Porque no están tontos y porque falta mucho valor, especialmente moral, para reconocer que se equivocaron. El deseo de poder es verdaderamente grande. El gobierno sostiene que estos chips hackeados son hechos aislados, pero no tanto como el aislamiento entre barrotes en el que podemos terminar si somos víctimas de un hackeo.
La trampa de la irreparabilidad
Nuestros datos ya estarán en internet. Para quienes ya se registraron, eso es un hecho inminente. El daño, en caso de robo de datos, será irreparable. ¿Por qué? Porque a quien detendrán si ese número es usado para ilícitos no será al hacker ni al vendedor de chips, sino a un ciudadano inocente. Y mientras se “averigua”, la ley no buscará probar tu inocencia, sino tu culpabilidad.
Lo peor del caso es que no se roban los datos de una sola persona. Se roban bases de datos completas: de las operadoras o del propio sistema de registros. Son robos a gran escala, de carácter industrial.
En pocas palabras, este registro no detiene la criminalidad. Le da al criminal una máscara que lo protege para operar con impunidad, mientras otro paga el pato… o mejor dicho, le cae el muertito.
¿Registro seguro?
La seguridad prometida por la autoridad es inexistente. Y antes de que se les voltee el chirrión por el palito, como se dice coloquialmente, doña Normita —después del escándalo periodístico de los chips en venta— declaró:
“El registro de usuarios de telefonía móvil no es una ocurrencia mexicana; es una tendencia global. En la gran mayoría de los países del mundo, desde Europa hasta América Latina, el Estado tiene facultad de saber quién está detrás de una línea por seguridad pública. México no puede ser la excepción si queremos combatir eficazmente el crimen organizado”.
Pero la excepción a la Norma —me refiero a la Solano— viene siendo lo dicho por Paquita la del Barrio, quien sabiamente cantó: “Tres veces te engañé”. Y los autores de esta ley quieren romper récord, porque ya llevan más de tres. Ha de ser porque no hay quinto malo.
¿Y cuál es el problema con lo dicho por Solano?
Si lo que queremos es estar in, o sea, a la moda, que las verdades no se digan a medias. Lo que no dice es que en Europa existen leyes de protección de datos como el GDPR, con multas multimillonarias y controles técnicos que no los tiene ni Obama. Bueno… nosotros tampoco.
Omitió decir que muy pocos países democráticos exigen vincular la identidad nacional con datos biométricos o escaneos faciales obligatorios a través de apps privadas, como ocurre cuando el registro se hace en línea.
Tampoco mencionó que en Pakistán —o en nuestro propio país, con el RENOVE de 2009— ya se intentó algo similar y fue un rotundo fracaso.
Ya que quieren estar a la moda, ahí va el dato completo: ni el Reino Unido, ni nuestro vecino gringo sácale punta, ni Canadá, ni Nueva Zelanda se han puesto tan chocantes. En esos países se permite comprar chips prepago sin vinculación a una base de datos central ni biometría obligatoria.
Cinismo camuflado
Pero si el gobierno no te espía, las empresas telefónicas sí tendrán tus datos. ¿Y tú, nieve?
El Estado se convierte en corresponsable porque obliga por ley a un tercero a entregar esa información. Muy al estilo de Pilatos, se lavan las manos ante las filtraciones que ya ocurrieron y la culpa es de la telefónica. Lo que no te dicen es que, si la app de Telcel es hackeada por cumplir una orden de la CRT, la culpa es de la norma… de Norma Solano.
Las trampas de Solano
Si le entramos a la moda del registro porque, como ella dice, casi todo el mundo lo hace, habría que recordar que en las democracias avanzadas el anonimato en el prepago se respeta para proteger la privacidad.
También dice que es por seguridad. Lo mismo me decía mi abuelita cuando me iban a inyectar: “es por tu bien”. Sí, pero el piquete me lo daban a mí. Aquí pasa igual: el riesgo lo asume el ciudadano.
La seguridad ciudadana se pone en peligro cuando se crea una base de datos centralizada que, en menos de lo que canta un gallo, ya tiene chips en venta.
México no se está uniendo a la tendencia global de países desarrollados. Se está uniendo al pequeño grupo de países que usan el celular como herramienta de vigilancia masiva.
En Europa, registrar una SIM es un trámite administrativo con el operador. En México, es una ley diseñada para entregar la identidad al Estado y a sistemas que ya demostraron ser vulnerables.
¿Y qué dice la Suprema Corte?
Por el momento, aguarda. Pero ya en 2022 invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por considerarlo inconstitucional. ¿La razón? No pueden obligarte a entregar datos biométricos para mantener activa tu línea celular.
Por eso los astutos legisladores le dieron una afinada a la ley: no te piden biométricos para no violar la Constitución, pero sí para llevarte al baile… y con la más fea.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Mientras el panorama no se aclare y la SCJN no diga “esta boca es mía”, lo mejor que podemos hacer es esperar. La esperanza del Estado es obtener la mayoría de los registros. La nuestra es aguantar hasta la fecha límite, el 30 de junio, para ver si la justicia entra en razón.
Porque ya quedó demostrado que no estamos preparados para esto. Que la corrupción no se arregla perjudicando al ciudadano. Y que menos aún se corrige con leyes que ya fracasaron en el pasado.
No se trata de rebelión ni de desacato. Se trata de protección contra el fraude, contra los hackers y contra un Estado que se percibe —y se siente— autoritario.
Ya lo dijo José: espera un poco, un poquito más… para el registro telefónico.
