El Edén de México es un infierno para sus mujeres, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública se tienen documentados, en lo que va del año 9 feminicidios y 15 homicidios dolorosos contra mujeres. La violencia sigue creciendo a pasos agigantados, al grado que en un sólo día se han llegado a registrar tres casos de feminicidios; si esto pasa en el centro de las decisiones políticas de México, en Tabasco, no me imagino la terrible situación en el resto del país.
En la tierra del Presidente, la falta políticas públicas armonizadas entre el Instituto Estatal de las Mujeres, la Fiscalía General y el Tribunal Superior es más que evidente, las estadísticas muestran un altísimo índice de denuncias en casos de violencia contra las mujeres pero pocas carpetas de investigación, y como reza la solicitud de alerta de género realizada por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco el 22 de julio de este año, “un aumento de 15% en los últimos cinco años, en casos de feminicidios y un nulo número de sentencias emitidas por la autoridad judicial”.
En Tabasco se solicitó la Alerta de Género en 2016, donde se obtuvieron nueve consideraciones que a la fecha no han sido atendidas, una de ellas la creación del Centro de Justicia para las Mujeres víctimas de violencia. El 2 de mayo del presente año realicé una solicitud de transparencia para conocer cuánto recurso se asignó entre 2018 y 2022 para dicho centro, y la respuesta fue que durante el período de 2018 a 2021 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no asignó ni un solo peso, fue hasta 2022 cuando asignaron $14 millones, cantidad bastante reducida en comparación con el anuncio que en 2016 realizó el gobierno estatal por $179 millones.
La realidad es que, a la fecha Tabasco sigue siendo la única entidad que no cuenta con un Centro de Justicia para Mujeres; hace unos días colocaron algunos ladrillos en un inmueble de una hectárea, y las autoridades manifestaron que sería la “primera piedra” del Centro. Ojalá y no pase como en 2018, cuando también anunciaron el inicio de la construcción de un centro en el municipio de Nacajuca con un presupuesto estatal de $14 millones, de los cuáles, nadie sabe cómo y dónde se gastaron porque la obra jamás se concretó, mientras que sendas solicitudes de transparencia publicadas mostraron que el recurso sí fue ejercido.
De ahí la importancia de la Alerta de Género, porque se constituye como un mecanismo de colaboración interinstitucional con participación ciudadana para prevenir la violencia en las entidades federativas. Sin embargo, hay que decirlo, las cosas no pintan alentadoras, ahora, la misma Comisión Nacional de Derechos se opone a que candidatos denunciados por agresión, acoso sexual o deudores alimentarios dejen la candidatura o sus cargos, Rosario Piedra promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del requisito de no ser deudor alimentario para ocupar un cargo público o de elección popular. Son más de 300 organizaciones quienes se están manifestando al respecto, los congresos estatales seguiremos exigiendo que esto sea ley, y hasta la propia Senadora Olga Sánchez Cordero coincide que esta acción avala la violencia ejercida por los hombres.
Una vez más, el gobierno nos ha dejado solas.
@PerezSoraya
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