Hoy en día no hay relación económica de mayor importancia para nuestro país que la que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la política energética de capricho implementada por el presidente López Obrador, tarde que temprano logró lo inimaginable: poner en juego el TMEC, y por ende inversiones multimillonarias y cientos de miles de empleos.
Para ponernos en contexto, doy algunos números de la propia Secretaría de Economía. El TMEC representó para México en 2021 el 85% de todas las exportaciones, el 46% de las importaciones y el 65% del comercio total. La inversión extranjera que recibimos producto de este acuerdo sumó 355.2 mil millones de dólares equivalente a 54% del total de inversión recibida ese año. Y hay en México, más de 36 mil empresas con inversión directamente financiada por el TMEC, lo que representa cientos de miles de fuentes de empleo, principalmente de mexicanos.
También hay que recordar que hace unos pocos años, la expectativa de una nueva política energética en el país teniendo como vecino a Estados Unidos, quien a partir de reformas legislativas relativamente recientes pudo pasar de importador a tercer productor de energéticos mundial, ponían a México como un nuevo actor clave en el escenario político-energético internacional.
Pero quien iba a pensar que México podía pasar de la cima a una caída profunda en tan poco tiempo. La razón de iniciar las consultas para un panel de controversias en el tratado, y que puede acabar con multas millonarias y aranceles a nuestras exportaciones, es la reforma presentada por Rocío Nahle a la Ley de la Industria Eléctrica en 2021. Canadá y Estados Unidos reclaman que esta ley es violatoria de lo establecido en el TMEC al privilegiar de manera discrecional a CFE y PEMEX, y por ende ponen en riesgo sus inversiones.
Lo preocupante, es que la Unión Europea y Japón que también son socios relevantes para México, tienen instrumentos similares en los acuerdos vigentes con ellos (TLCUEM y TPP-TIPA), y podrían hacer reclamaciones similares a las de los americanos y canadienses. Aislándonos totalmente del escenario económico global.
La Ley de la Industria Eléctrica es realmente preocupante, según el Juez Rodrigo de la Peza en los amparos que ha otorgado sostiene que no lograrán que los precios de los energéticos se reduzcan debido a que la desregulación de tarifas y la discrecionalidad genera incertidumbre y opacidad, además que el despacho de “capricho” es menos eficiente al que solía tenerse; donde se privilegiaba a la energía limpia, por ser generación más barata y menos contaminante.
Era legisladora federal durante la discusión de esta regresiva reforma, y alcé la voz en innumerables ocasiones en la Comisión de Energía destacando la inconstitucionalidad de la reforma, y solicitándole a Rocío Nahle compareciera para explicarnos como iban a compensar las inminentes represalias de violar nuestros acuerdos internacionales; pero el silencio y la indiferencia siempre fueron las constantes.
Bajo el yugo de Nahle, una funcionaria opaca y de puertas cerradas, se ha impuesto una política energética de capricho que tendrá secuelas económicas que más temprano que tarde impactará en el bolsillo de millones de mexicanos. Vale la pena repetirlo: el objetivo de la “seguridad energética” debería ser muy simple, tener energía accesible y suficiente, ambientalmente sustentable y al mejor precio posible, algo que la 4T no ha logrado entender, y mucho menos implementar.
@PerezSoraya
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