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Imagine usted que alguien con cáncer maligno va con el oncólogo en busca de un tratamiento drástico de terapia intensiva para salvar su vida. Está esperando que se le programe una cirugía para extirparle el tumor maligno y posteriormente le den un programa muy agresivo de sesiones de quimioterapia.

En contraste, recibe de su médico un tratamiento preventivo para neutralizar las causas que pudiesen haber sido origen del cáncer. Le cambia sus hábitos alimenticios y le programa una rutina de ejercicios físicos, así como una vida ordenada, dejar de fumar y bajar el consumo de bebidas alcohólicas. El médico le explica al paciente que el objetivo debe ser atender las causas.

Este burdo ejemplo refleja la esencia de la estrategia de seguridad pública presentada por la presidenta Sheinbaum y el secretario García Harfuch. Esta estrategia evade la responsabilidad del Estado Mexicano de garantizar la seguridad de los ciudadanos utilizando los recursos policiales legítimos que se deben instrumentar para enfrentar la violencia y a quienes la generan.

Este programa de seguridad, -presentado por la nueva presidenta-, representa la continuidad de la fallida estrategia “abrazos …no balazos”, que identificó al sexenio de López Obrador.

Poner en el centro de la estrategia el combatir las causas que originan la delincuencia y la violencia es sin duda muy importante, pero insuficiente para estabilizar a un país en llamas.

Para garantizar la seguridad se requiere de una estrategia de respuesta inmediata, que equivale en el ejemplo médico a una terapia intensiva para la estabilización del enfermo. Sólo después de haber resuelto la emergencia será válido atacar las causas con visión preventiva.

El presidente López Obrador sin medir consecuencias prefirió comprometerse con su discurso populista de “abrazos no balazos”, -para proyectar una identidad personal humanitaria-, sin importarle en lo más mínimo que eso permitiese que siguieran aumentando las cifras de asesinados y desaparecidos. No le importó que su retórica significase poner en riesgo la vida de muchos miles de mexicanos.

La amargura, tristeza y desesperación de las madres que buscan a sus hijos y maridos desaparecidos, -y que fueron ignoradas por López Obrador-, da un testimonio de esta actitud deshumana.

Todo parece indicar que la estrategia instrumentada por la presidenta Sheinbaum y por García Harfuch en el gobierno de la Ciudad de México dio buen resultado. Ello generó en muchos sectores sociales de nuestro país la expectativa de ver instrumentado en este sexenio, -a nivel nacional-, un modelo y un estilo diferente para enfrentar a la delincuencia, similar al aplicado en la Ciudad de México.

Las expectativas que tiene un amplio sector de la población, -reconociendo la capacidad policial de García Harfuch-, son muy altas. Sin embargo, las restricciones ideológicas y políticas que se derivan de la 4T pueden constituir un freno que comprometerá la eficiencia y efectividad de su trabajo.

En el actual discurso de la presidenta parece haber una incongruencia al anunciar abiertamente la continuidad de la estrategia obradorista de funestos resultados, que se contrapone con los logros que como jefa de gobierno le reconocimos en materia de seguridad.

Es entendible que no es lo mismo la responsabilidad de dar resultados en una ciudad, -aunque sea tan grande, poblada y compleja como lo es la capital del país-, donde se dan respuestas locales a esta problemática, -en busca de resultados-, que las exigencias para quien gobierna todo México.

En este nuevo contexto para la presidenta intervienen condiciones regionales, así como consideraciones políticas y sociales, además de la intervención de otros países preocupados por la inseguridad en nuestro territorio. A esto añadamos la muy probable exigencia de López Obrador de dar continuidad a su proyecto ideológico, afectando la política de seguridad pública.

A muchos nos cuesta trabajo creer que la experiencia, conocimientos y valores patrióticos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, -obtenidos en una formación académica en el Heroico Colegio Militar-, mas toda una compleja infraestructura institucional con que cuentan, -tanto humana como tecnológica-, no sea suficiente para enfrentar a una delincuencia organizada que ha aprendido improvisadamente, sobre la base del ensayo y error.

Además, los recursos tecnológicos de los sistemas de “inteligencia militar” con los que cuenta el país hace impensable que los militares no logren tomar control total de la seguridad en todo nuestro territorio. Lo único que queda como posibilidad es que quien fuera su comandante supremo, -o sea el presidente López Obrador-, por alguna razón ideológica, política o de cualquier tipo, no les haya permitido realizar lo que seguramente saben hacer muy bien: defender a la sociedad y a nuestra soberanía nacional.

Lo más grave que nos dejó López Obrador en materia de seguridad fue la creación de una base social que protege a la delincuencia. Este fenómeno social se deriva de una perversa manipulación ideológica, -que con base en una supuesta “lucha de clases”-, promovió una cultura de reivindicación social que justifica el robo, el latrocinio y los medios delincuenciales de generación de riqueza.

La delincuencia hoy, -en los tiempos post López Obrador-, ya no es una presencia marginal reprobada por la sociedad, sino que se convirtió en una cultura que ha permeado en las nuevas generaciones, estimulando la perversidad, violencia exacerbada y ausencia de valores morales. La tradicional cultura del esfuerzo y del trabajo, -que caracterizó a la sociedad mexicana-, ha sido sustituida por la del “dinero fácil”.

Por ello vemos hoy que la elite de la delincuencia es bien aceptada en la sociedad, -e incluso admirada-, y en muchos casos es protegida por autoridades gubernamentales. Los ejemplos sobran y ya no generan repudio, sino indiferencia. Ya nos acostumbramos a la convivencia diaria con la presencia delincuencial cerca de nosotros.

Esperemos que la presidenta Sheinbaum reconsidere cambiar la política de seguridad pública de su gobierno y consolidar nacionalmente lo que hizo bien como jefa de gobierno de la Ciudad de México: reducir los índices de violencia e inseguridad, pues hasta hoy la capital del país es más segura que muchos de los estados de nuestra república.

IMPROVISACIÓN LEGISLATIVA

La improvisación sigue siendo la identidad de los legisladores morenistas y de sus aliados, pues la reforma judicial sigue teniendo inconsistencias y errores, reconocidos incluso por algunos legisladores de Morena. Sin embargo, aún así han aprobado las leyes secundarias, -o sea estas donde se definen las condiciones operativas de las reformas constitucionales-, equivalentes a las letras chiquitas de los contratos. Aún así, -con inconsistencias y contradicciones-, ya se enviaron para su publicación al Diario Oficial de la Federación y se está trabajando para instrumentar la sustitución de jueces y magistrados.

Esto habla de la improvisación con la que operan y todo por la prisa por aprobar leyes “a medias” para quedar bien con su patriarca.

Esto nos habla no sólo de la calidad profesional de los legisladores, sino también de su calidad moral: aprobar algo que está equivocado, -y que tendrá grandes repercusiones en el país-, sólo por cumplir órdenes arbitrarias, también es corrupción.

LA CALIDAD MORAL DE JUECES Y MAGISTRADOS ACTUALES

La renuncia de 400 jueces y magistrados que hasta ahora aún siguen en funciones, los cuales no pretenden participar en el proceso electoral para lograr un cargo en la nueva estructura del Poder Judicial cuando entren en operación las reformas constitucionales impulsadas por la 4T, muestran la congruencia de estos funcionarios con sus principios morales y profesionales, pues prefieren quedar desempleados y echar por tierra su trayectoria profesional y toda una carrera en el ámbito judicial, que avalar esta reforma arbitraria. Como ellos dicen, participar en busca de un cargo significa avalar una reforma en la que no creen.

Consideremos que con su experiencia y conocimientos ellos tendrían las mayores oportunidades de volver a ser contratados dentro del nuevo sistema judicial, por encima de los nuevos que carecen de ese bagaje profesional.

Eso habla de principios morales, esos que la presidenta Sheinbaum cuestionó públicamente. El daño que tendrá para México este proceso de aprendizaje de los nuevos funcionarios judiciales tendrá un alto costo en impunidad delincuencial y en errores jurídicos de grandes consecuencias.

EL DAMNIFICADO

El caso García Luna representó una lección para nuestros gobernantes cuando asumen una actitud soberbia para proteger a sus subordinados preferidos.

Felipe Calderón está pagando cara su soberbia al ignorar las acusaciones de abuso de poder, -y posible corrupción-, de García Luna cuando era su hombre de confianza. Los recursos que tiene un presidente para investigar no hace creíble que ignorase la identidad real de su subordinado. Más bien no quiso enterarse. Está pagando caro este error en su imagen pública. El caso Florence Cassez, -que ocasionó un conflicto diplomático de muy alto nivel con Francia-, da testimonio de su irresponsabilidad.

Sin embargo, López Obrador ya tiene una cuenta abierta con la historia a partir de todos los funcionarios cercanos a los que protegió de las denuncias de corrupción, a los cuales exoneró en sus mañaneras.

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