Las declaraciones del líder de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, respecto a que escuchará a los expertos pero “no quitará el dedo del renglón” sobre el tema de la regulación de las redes sociales, más la declaración del presidente López Obrador expresada en la mañanera del martes nueve de febrero respecto a “que no se le cambiará ni una coma (a la ley de la industria eléctrica) pese a que el Congreso está organizando un parlamento abierto” y además reiterar, que “está bien que haya controversia… pero no le vamos a cambiar nada”, nos muestran el verdadero espíritu antidemocrático de la 4T.
Ambas declaraciones, coincidiendo en un mismo momento, respecto a dos temas totalmente diferentes y expresados por dos actores políticos del más alto nivel, nos reflejan una actitud autoritaria que no muestra el mínimo respeto por quien tenga una opinión diferente.
La construcción de nuestra aún imperfecta democracia dio la oportunidad para que llegase a la máxima posición política del país un líder que siempre se manifestó como un luchador social que exigía justicia, democracia y tolerancia, pero ya en el poder nos asombra retando a quienes no piensan como él, combatiéndolos a partir del descrédito.
Por una parte ambos, el presidente López Obrador y Monreal, expresan que su decisión respecto a energía sustentable y redes sociales está tomada y por otra, alentan al diálogo… ¿dialogo para qué?.
Es sintomático que en el protocolo político mexicano la palabra “dialogo” es de uso cotidiano. Sin embargo, las negociaciones que se concretan a partir de la denominada apertura al diálogo para resolver conflictos de alto impacto mediático terminan siendo monólogos con talante autoritario, amenazante e intimidatorio, practicados por cada una de las partes, pretendiendo imponer a su contraparte sus demandas y desoyendo las de su interlocutor; “diálogo de sordos” dice la sabiduría popular.
No puede haber negociaciones viables cuando las partes no están dispuestas a ceder en algo.
Buscando orígenes de esta actitud antidemocrática vemos que en la idiosincrasia mexicana está enraizado el gen del autoritarismo y esto es evidente, pues no se podría esperar algo diferente de una sociedad regida por la individualidad, donde la voluntad y caprichos personales están por encima de los intereses de la sociedad. El mexicano tiende a exigir el respeto de la ley cuando se aplica en los demás, pero cuando le afecta en lo personal, se resiste a ella.
Por ello, ha sido un gran logro la lenta creación de una visión institucional dentro de la estructura gubernamental. Esto ha sido quizá la más importante evolución social y política de este país de los últimos treinta años. Generar instituciones fuertes, que con independencia y respaldo del estado de derecho se puedan enfrentar a los caprichos de quienes detentan poder.
Ese fue el espíritu que alentó la creación del INE, de la CNDH, la reconversión de la PGR en fiscalía, así como otras instituciones que hoy nos dan certeza jurídica, aunque aún sean imperfectas.
Sin embargo, el gen autoritario está resurgiendo y ello alimenta la prisa por derribar todos los obstáculos que se interponen a los caprichos personales.
Lo grave no es que esto suceda, pues puede acontecer en cualquier país del mundo. El juicio político que en Estados Unidos se está llevando en contra del presidente Trump muestra que el poder absolutista puede trastocar la mente. Sin embargo en ese país, las instituciones protegen al Estado de derecho. En contraste, en México la sociedad acepta el autoritarismo, incluso con beneplácito, dándole el significado de reivindicación social emprendida por un libertador.
Cierto es que México no tiene los estándares educativos de los países con los cuales nos equiparamos, lo cual se refleja en que el debate sobre el futuro del país siempre se realiza entre un pequeño segmento de población cercano al círculo rojo y el resto de la sociedad acepta y da por válido el mensaje subjetivo y emocional que se da en las mañaneras.
Debemos reconocer que en este país de grandes desigualdades económicas, sociales y educativas las grandes mayorías de población están más preocupadas por resolver las carencias de su presente inmediato que pensar en cómo prepararse para tener un mejor futuro. Por ello, más vale un cheque recibido hoy para resolver lo urgente, que la búsqueda de soluciones de fondo a mediano plazo.
A cambio de cheques entregados por los programas de seguridad social del estado, que no son mas que paliativos para la pobreza, las grandes mayorías, convertidas en una gran “reserva electoral”, dejan las grandes decisiones nacionales en manos de una clase política que gobierna en su beneficio personal y sin compromiso social, aunque su mensaje cotidiano sea “primero los pobres”.
¿Cómo entender que se hayan reducido presupuestos para atención inmediata de enfermos, así como compra de medicinas, apoyo al sector productivo del país y por otra parte se cree una infraestructura alrededor de un cargo frívolo y superficial como el de “gobernador de Palacio Nacional”, que tiene reminiscencias imperiales y sin embargo, que no haya rechazo público?
Este cargo existió a mediados del siglo XIX y operó hasta 1884 y hoy en ninguno de los países equiparables a México existe.
Los gustos personales, valores morales, ideología y las prioridades que fija quien gobierna, se están convirtiendo en el eje que define el rumbo a este país.
La democracia moderna se sustenta en instituciones fuertes e independientes, que se convierten en un contrapeso para las personas que gobiernan. Sin embargo, el intento de desmantelamiento de las instituciones que se fueron creando a partir del año 1990, tomando como referencia la creación del IFE, así como la CNDH en 1992 y el IFAI en 2002, entre otras, nos pinta un futuro autocrático y autoritario para nuestro país si no hacemos valer el estado de derecho y defendemos nuestra democracia.
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