Desde hace muchos años hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos a preguntarnos cómo deben garantizarse los derechos que se encuentran establecidos en nuestra Constitución, más aún aquellos cuya protección, promoción, defensa y garantía dependen en buena medida de la puesta en acción del aparato gubernamental. Indudablemente, uno de ellos es el derecho a la protección de la salud establecido por el artículo 4º constitucional.
Al momento de analizar de qué manera la población está ejerciendo este y otros derechos, surgen invariablemente dos cuestionamientos: cuántos recursos se está destinando a ello y cuál es la estructura institucional con la que se cuenta para lograrlo. Como es bien conocido, el primero de ellos trae como respuesta la insuficiencia de los recursos que actualmente el Estado mexicano destina a la protección de la salud y, por lo que hace el segundo, es relativamente fácil colegir que aquella estructura institucional que nació fragmentada no ha hecho más que profundizar dicha fragmentación a partir de decisiones de política pública y diseño institucional erráticas.
Estos y otros temas son retomados en un interesante estudio intitulado “Salud quebrada. Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México”, publicado bajo el auspicio de instituciones como El Colegio de México. Es revelador que desde la introducción de este documento se afirme que nuestro sistema de salud padece de “un presupuesto insuficiente, personal sanitario que trabaja en condiciones de precariedad, desabasto de medicamentos y otros insumos, y una cobertura que deja sin atención a millones de personas, expuestas al riesgo de incurrir en gastos excesivos por recurrir a servicios privados de salud”.
Asimismo, ahí se sostiene que “el bajo financiamiento, las desigualdades en la asignación de recursos, las brechas de cobertura y los problemas de calidad forman parte de un mismo entramado que limita la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población y garantizar el derecho a la protección de la salud”.
Es claro que el sistema de salud mexicano se encuentra plagado de carencias que parten de que, de acuerdo con el mismo estudio, México destina actualmente el 5.5% de su Producto Interno Bruto (pib)a la salud (sustancialmente menos que otros países de la región) y, en cuanto al gasto público en salud, solo destina el 2.8% del PIB (cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda destinar un 6%). A la anterior insuficiencia se debe sumar lo desigual que es la distribución de este gasto para la población con seguridad social y aquella que no cuenta con ella.
Al presupuesto insuficiente y distribuido de manera desigual, se debe sumar la serie de reformas que se han emprendido en este milenio y que al día de hoy o han arrojado pobres resultados o, incluso, han desembocado en una franca regresión en lo referente al derecho a la protección de la salud. Aunque varias de ellas han sido abordadas en este espacio, vale la pena recordar que, por ejemplo, a la última de ellas que implicó la creación de IMSS Bienestar no se han adherido una cuarta parte de las entidades federativas, lo que resulta revelador de las tensiones que se vive en nuestro federalismo sanitario.
Nada menos la semana pasada tuve la oportunidad de acudir al Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, mismo que se trata de un encuentro anual organizado por la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y en el que en esta ocasión se tuvo como eje temático “De la salud analógica a la salud digital. Nuevas fronteras interdisciplinares”.
Ello me hizo reflexionar que, mientras en el mundo ya se está debatiendo sobre las profundas tranformaciones que se están presentando en el entorno digital y su impacto en diversos sectores, en nuestro país seguios discutiendo (y reformando a la par) un Sistema Nacional de Salud que padece enfermedades crónicas que lamentablemente se han convertido en también degenerativas.
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