Artículo 19 acusa a Consejería Jurídica de estigmatizar a periodistas y generar violencia digital  

La organización Artículo 19 expresó su preocupación por la posible estigmatización del trabajo periodístico y el incremento de la violencia digital contra periodistas y medios de comunicación incluidos en una lista presentada durante la conferencia “Derecho de Réplica” de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

El pasado miércoles, Alcalde presentó un análisis sobre una supuesta “red de amplificación digital”, en el que fueron incluidos periodistas, medios de comunicación, analistas y políticos de oposición.

Ante ello, Artículo 19 señaló que este tipo de ejercicios contraviene los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información, además de generar cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y las atribuciones de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La organización advirtió que la exposición pública de periodistas y medios puede contribuir a generar un clima de hostilidad e intolerancia contra el gremio periodístico. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la estigmatización de comunicadores puede inhibir su participación en el debate público por temor a ser exhibidos o atacados.

? El Estado mexicano no debe utilizar recursos públicos para monitorear, clasificar y señalar a periodistas, medios y voces críticas bajo el argumento de combatir la desinformación.

Presentar una supuesta “red de amplificación digital” sin transparentar la metodología ni los… pic.twitter.com/UZtC2ntaH4

— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 17, 2026

Artículo 19 también alertó sobre la posibilidad de que estos señalamientos deriven en violencia digital. De acuerdo con la organización, durante las últimas 48 horas se incrementaron los mensajes intimidantes dirigidos contra periodistas y medios de comunicación mencionados en las listas.

Asimismo, sostuvo que resulta incompatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado utilice recursos públicos para monitorear el discurso público con el objetivo de calificar o desacreditar información y a quienes la difunden.

Finalmente, Artículo 19 cuestionó el uso del monitoreo de redes sociales realizado por la Consejería Jurídica para clasificar y señalar a periodistas y medios de comunicación, al considerar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no le confiere facultades para realizar ese tipo de actividades. 

Fuente:ElSoldeMéxico/All/Foto:X