Ley de medios: mirada ciudadana

La libertad de los medios de información y la rendición de cuentas no son incompatibles

Los lineamientos particulares de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se discutirán en consultas públicas forman parte de un debate más amplio en la república: ¿queremos un país más igualitario o queremos un país de élites con excepciones?

Los medios de información tradicionales, como la radio y la televisión, funcionaron durante los gobiernos del PRIAN como poderes fácticos en México: grupos empresariales que, con el pretexto de ser mediadores de la sociedad -y cobijados por la libertad de expresión- sometieron al poder político en turno, adjudicándose, por ejemplo, el triunfo electoral de Enrique Peña Nieto.

A su vez, la noche negra de la libertad de expresión en México ocurrió el 24 de marzo de 2011. Aquel día, Felipe Calderón logró que 715 medios de comunicación nacionales suscribieran un acuerdo de silencio para limitar la cobertura de la violencia generada por el crimen organizado. Al imponerse la autocensura informativa, los periodistas callaron y los criminales ganaron la total libertad para apoderarse del territorio nacional.

En el siglo XIX, el ensayista inglés Matthew Arnoldplanteó la diferencia entre buscar la igualdad y obstaculizarla: «vivir en sociedad de iguales tiende en general a hacer que el espíritu humano se expanda y que sus facultades actúen fácil y activamente; mientras que vivir en sociedad de "superiores" en general disminuye el espíritu y hace menos seguro y activo el juego de las facultades humanas». En este sentido, resulta fundamental que los derechos de las audiencias —que traerían mayor igualdad social— no se sometan a los dictados de las corporaciones de medios.

Aquí hay dos derechos constitucionales en juego: el derecho a la información y la libertad de expresión. Sin embargo, se olvida que la libertad de expresión conlleva una responsabilidad: transmitir verdades a la sociedad. ¿Es ahí donde ponen el acento periodistas y medios que se han lanzado contra los esfuerzos del gobierno federal por legislar los derechos de las audiencias? No. Se envuelven en la bandera de la libertad de expresión «vulnerada» y advierten que la censura gubernamental tendrá barra libre. Nada dicen de la ciudadanía y su derecho a la información veraz.

La analista de medios, Mara Paolina González, lo plantea de forma equilibrada: «La libertad de expresión nunca significó el derecho a mentir sin consecuencias. Significa hablar, disentir, incomodar al poder. Y significa también, para quien escucha, no ser engañado. Una democracia madura no elige entre libertad de expresión y derechos de las audiencias. Necesita ambas».

Por lo que toca a los derechos ciudadanos, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) plantea varios ajustes a los lineamientos que se discuten en consultas públicas: «hay importantes audiencias de la sociedad que no están consideradas, como las audiencias infantiles y las diversidades sexogenéricas, entre otras»; «las disposiciones propuestas no establecen un trato diferenciado para concesionarias indígenas, comunitarias y afromexicanas, quienes tienen condiciones distintas al resto de las concesionarias comerciales y públicas»; «es necesario incluir acciones concretas de Alfabetización Mediática e Informacional, entendida como un deber compartido para formar una ciudadanía crítica y participativa».

Hay tiempo para los ajustes. ¿Habrá voluntad para afinar la mirada jurídica con mirada ciudadana? ¿Por qué es tan importante este debate con huella legal? El periodista Jorge Zepeda Paterson lo aclaró: «ninguna vida democrática es sustantiva si los ciudadanos forman su opinión con datos equivocados y distorsionados a partir de los intereses políticos y comerciales de quienes dominan los medios de comunicación. Después de todo, los concesionarios de radio y televisión hacen uso de un espacio público que pertenece a todos y, en ese sentido, la sociedad tiene el derecho y la obligación de exigir que se utilice de manera responsable y en beneficio del interés común».

Debe cuidarse, eso sí, que el Estado no exceda su papel regulador. Lo advierte la AMDA: «sugerir distinciones entre información falsa o no contextualizada excede las facultades legales de la Comisión de Radio y Televisión». La presidenta Claudia Sheinbaum, sobre este punto, enfatizó: «no se van a regular contenidos, se pide autorregulación a los medios con códigos de ética explícitos. Y que los usuarios de medios sean escuchados y tengan la posibilidad de replicar en condiciones iguales».

Nada de esto es invento mexicano: Europa y Estados Unidos tienen reguladores mediáticos con autonomía reconocida por ley. La tierra de nadie digital ya es motivo de discusiones legales. Toca mediar entre libertad, responsabilidad y mirada ciudadana. El punto clave es que la Comisión Reguladora tenga autonomía constitucional, sin sesgo de elección partidista. Si esto se hace con apertura de miras, se evitarán debates políticos que ahora son interminables. En eso insiste la organización Artículo 19: «fortalecer la independencia de la Comisión Reguladora reforzaría la legitimidad del regulador».

Veremos qué pasa de aquí al 21 de agosto.