Denuncias y agresiones empañan las primeras campañas judiciales de México

Tras dos semanas del inicio de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles.

Ante la elección del 1 de junio, el grupo Defensorxs documentó 13 "candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades" en el sitio 'Justicia en la mira', donde resalta Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera.

Delgado, candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del 'Chapo' en 2016, cuando "su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica", según la asociación.

También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban "el fiscal del terror" cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.

"No podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia", denunciaron la agrupación y otras siete en un pronunciamiento.

La polémica escaló esta semana porque Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, estado del noroeste, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia como director del sistema penitenciario local, donde falleció la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular.

Fuente: EFE/Mjpt/Foto: X