miércoles 3 diciembre 2025 10:01 PM
Redactor : Yazmín Espinoza
El presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tabasco Víctor Manuel Maldonado Tosca, denunció una serie de presuntas irregularidades en la integración y desarrollo de la carpeta de investigación relacionada con la agresión sufrida por Rafael López Alarcón, quien cuatro años atrás perdió el globo ocular derecho después de haber sido brutalmente agredido tras un percance vehicular; hoy continúan en la lucha por obtener justicia.
De acuerdo el especialista, la fiscal del Ministerio Público María Guadalupe Hernández Jiménez habría retenido durante cuatro años la carpeta de investigación 4889/2021, sin integrarla adecuadamente y sin aportar los elementos suficientes antes de solicitar su judicialización. Esta dilación, afirmó, constituye una violación a los artículos 17 y 20 de la Constitución Federal, en perjuicio de la víctima.
El representante del Colegio de Abogados señaló que, pese a los certificados médicos del IMSS y de la propia Fiscalía en los que se establece que las lesiones tardan entre 30 y 60 días en sanar, ponen en peligro la vida y derivaron en la pérdida total del ojo derecho, la fiscal clasificó el caso únicamente como lesiones simples.
El abogado también señaló irregularidades durante la audiencia inicial del 10 de noviembre, en la que se buscaba la vinculación a proceso de los tres presuntos agresores: Arnulfo “N”, Richard” y Daniel “N”.
Aseguró que la fiscal no solicitó ninguna medida cautelar contra los imputados, alegando que “se le olvidó”, mientras que el juez de control, a quien describió como recién integrado al sistema penal y sin experiencia previa en la materia, tampoco las dictó de oficio, pese a tener facultades constitucionales para ello.
Según la denuncia, durante la continuación de la audiencia programada para el 14 de noviembre, el juez habría asesorado de manera indebida a los abogados defensores.
El abogado anunció que presentarán los audios y videos de las audiencias para acreditar las irregularidades, tanto de la fiscal como del juez de control. Además, adelantó que buscarán la reclasificación del delito, al considerar que no se trata de simples lesiones, sino de un delito grave derivado de una agresión que calificó como “tortura”.
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