jueves 19 noviembre 2026 1:54 PM
Redactor : Jesús Vázquez
El Tribunal Electoral de Tabasco rechazó la denuncia presentada por Morena contra la Canaco Servytur Villahermosa, así como contra la presidenta con licencia, Lady Susana León Sánchez, y el consejero Manuel Antonio Miranda Hernández, por presuntas intervenciones en actividades político-partidistas y electorales, ya que El magistrado presidente, Oswald Lara Borges, señaló que debe prevalecer la libertad de expresión en plataformas digitales y evitar la censura previa.
Durante la sesión pública, se expuso que Morena solicitó retirar diversas publicaciones difundidas en la página oficial de Facebook de la cámara empresarial, Canaco Servytur Villahermosa, además de implementar medidas preventivas para evitar la repetición de conductas similares. Sin embargo, la autoridad electoral consideró que no se cumplían los requisitos legales para concederlas, al no acreditarse la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora ni la proporcionalidad de las medidas solicitadas. Ante esta determinación, el partido inconforme argumentó que existió una valoración incorrecta de las pruebas y una falta de motivación en el análisis de los elementos presentados en su denuncia.
Al presentar el proyecto de resolución, el magistrado presidente del TET, Oswald Lara Borges, consideró infundados e inoperantes los argumentos de Morena. Explicó que parte de los materiales señalados ya no se encontraban disponibles en las plataformas digitales, mientras que las publicaciones que permanecían accesibles contenían críticas, opiniones y posicionamientos sobre asuntos de interés público, sin que existieran elementos suficientes para demostrar que fueron difundidos en representación institucional de la Canaco o que afectaran la equidad de la contienda electoral. También señaló que los contenidos no contaban con propaganda pagada y tenían más de cuatro meses de antigüedad al momento de emitirse el acuerdo.
Oswald Lara sostuvo que, al analizar solicitudes de medidas cautelares relacionadas con opiniones difundidas en plataformas digitales, debe prevalecer una protección reforzada a las libertades constitucionales de expresión e información, pues estas medidas no pueden utilizarse como mecanismos de sanción ni de censura previa. Añadió que, mientras no existan pruebas objetivas de un riesgo real, inminente e irreparable para el proceso electoral, debe protegerse el debate democrático y el libre intercambio de ideas. Finalmente, las magistradas Edina Juárez Gómez e Isis Yedith Vermon Marrufo acompañaron la propuesta, por lo que el recurso de apelación 29/2026 fue resuelto por unanimidad, confirmándose el acuerdo impugnado.
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