Gobierno de Tabasco busca endurecer penas contra el grooming, destaca jurídico

 El contacto de un adulto con un menor a través de internet puede convertirse en la puerta de entrada a delitos sexuales y hasta a redes de trata, por lo que el Poder Ejecutivo de Tabasco propuso al Congreso del Estado endurecer las penas contra el grooming, informó el consejero jurídico del gobierno estatal, Jesús Manuel Argáez de los Santos, esto luego de que el gobernador, Javier May Rodríguez enviara al Congreso reformas constitucionales.

Explicó que esta práctica consiste en que adultos utilizan redes sociales y otras plataformas digitales para acercarse a niñas, niños y adolescentes, ganarse su confianza y posteriormente buscar un encuentro sexual.

Argáez de los Santos advirtió que el riesgo aumenta debido al acceso cada vez más temprano de los menores a teléfonos celulares y redes sociales, por lo que consideró indispensable reforzar tanto las sanciones como la vigilancia por parte de los padres.

La iniciativa contempla elevar las penas cuando las víctimas sean menores de 14 años y establecer sanciones diferenciadas dependiendo de si la conducta permanece en el ámbito virtual o si el agresor logra trasladarla a un encuentro físico.

El funcionario local  señaló que actualmente las penas promedio por este tipo de delitos se encuentran por arriba de los seis años.

Indicó que la sanción propuesta dependerá de las características y grado de consumación del delito. Además, alertó que el grooming puede funcionar como un mecanismo de enganche para otros delitos, como la trata de personas y la explotación sexual o laboral de menores.

Ante este escenario, sostuvo que la legislación debe actualizarse frente al uso de las nuevas tecnologías y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.

Además de la reforma relacionada con el grooming, el paquete de iniciativas contempla modificaciones en materia de seguridad pública, adquisiciones y procedimientos administrativos.

Entre ellas se encuentra la homologación de denominaciones para corporaciones como la Guardia Estatal, Policía Bancaria y Policía de Tránsito, en concordancia con el marco general de seguridad pública a nivel nacional.

También se plantean cambios a la Ley de Adquisiciones para otorgar facultades que permitan, durante los procesos de licitación, declarar nulos procedimientos en los que se detecten sobreprecios.

Argáez de los Santos destacó que las reformas buscan actualizar el marco jurídico estatal frente a nuevas problemáticas y hacer más ágiles diversos procedimientos administrativos.