¿Supremacía constitucional?

El estado de derecho es un principio de gobernanza donde todos los actores de una sociedad, empresas, ciudadanos y especialmente el gobierno, aceptan respetar y cumplir un sistema legal. Tristemente México, está viviendo tiempos muy oscuros que lo ponen en riesgo.

Quisiera remontarme al primer eslabón de esta desafortunada cadena de malas decisiones que ponen en jaque nuestro régimen jurídico: la ilegal mayoría en el Congreso.

El único artículo de la Constitución que evita una mayoría exacerbada se escribió cuando no había ni alianzas electorales ni coaliciones, a la letra dice que los partidos políticos no puedan tener más de 8% de sobrerepresentación en el Congreso. Para usar a su conveniencia este criterio, Morena les pasó candidatos a sus aliados del PT y PVEM, de tal suerte que éstos pudieran sumar por separado el tope constitucional. Por cierto, días después del fallo por parte del INE y del Tribunal Electoral a favor de esta mayoría ilegal, regresaron a las filas de Morena.

La mala aplicación de este artículo trajo como consecuencia una mayoría que no coincide con la realidad. En 2018, Morena y sus aliados, habiendo obtenido 45.9% de la votación alcanzaron 61.6% de los curules (el doble del máximo establecido en la Constitución); y en 2024, obteniendo 55% de la votación, alcanzaron 75% de los curules. Y con esto, la mayoría calificada que les permite hacer reformas constitucionales.

¿Quiénes fueron los que permanentemente obstaculizaron los excesos por parte del Ejecutivo y el Legislativo en la administración pasada? El Poder Judicial. Por tanto, el primer objetivo de estas mayorías ilegales fue construir una reforma que limitara la separación de poderes y que permitiera incidir directamente en la postulación de jueces y ministros para su beneficio. Así destruirían la última columna que sostenía nuestros principios republicanos.

Lo que no se esperaban es que diversos colectivos relacionados con derechos humanos se ampararan contra esta reforma judicial, y que los propios presidentes de los partidos políticos de oposición iniciaran una acción de inconstitucionalidad. ¿Se puede controvertir una reforma constitucional? Claro que sí. Si la propuesta trastoca los principios elementales de la nación, en este caso, la independencia del Poder Judicial.

Los diputados de Morena se preguntaban, ¿cómo se atreve una jueza de Veracruz obligar a la presidenta que heche para atrás la publicación de la reforma judicial?  ¿cómo se atreve Alito y Marcos Cortes contravenir una reforma aprobada de manera abrumadora? Y se respondieron: Para que no haya duda si el Poder Judicial puede o no opinar sobre una reforma legislativa, mejor volvamos a cambiar la constitución para que nadie pueda iniciar alguna acción jurídica en contra de un cambio aprobado en el Congreso.

Así surgió la famosa reforma denominada supremacía constitucional, que no es otra cosa, sino la supremacía del poder legislativo para hacer lo que quiera y como quiera sin que los ministros puedan revisar o cuestionar su actuar.

Quizás el último recurso que se nos presentó para parar esta oleada de desfortúnios fue la ponencia del ministro González Alcántara que daba una salida jurídica y política intermedia a la reforma judicial; pero que no alcanzó los votos suficientes para poder ser analizada en su fondo.

Estamos ante tiempos inéditos, la supremacía del poder reformador que fue aprobada la semana pasada entraña un desamparo legal a los ciudadanos e implica que no habrá recurso que proceda. Imaginemos un cambio en la ley que afecte nuestro régimen de propiedad privada, o que regresen la tortura o la esclavitud en la Constitución. Sencillamente, ya no hay recurso legal que se pueda interponer. Cualquier decisión autoritaria que se base en "la ley" no será posible echarla atrás, y esa es la puerta de entrada al autoritarismo, que tristemente logró legalizarse.