La transparencia favorece la rendición de cuentas de las autoridades y le permite al ciudadano vigilar el desempeño de las instituciones públicas. Cuando la transparencia funciona se genera confianza y un círculo virtuoso para la gobernabilidad, pero cuando está no existe pulula la corrupción. Decía Benito Juárez que no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes, y precisamente ese es el espíritu que hoy mueve a la Suprema Corte de Justicia para defender nuestro derecho constitucional a la transparencia.
La edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional arroja que México en materia de transparencia ha sido el peor evaluado entre los países que integran la OCDE y el segundo peor evaluado en el G20. Por tercer año consecutivo tuvimos sólo 31 puntos en una escala de 0 a 100, ubicándonos en la posición 126 de los 180 países evaluados. Es decir, una califiación similar a Bolivia, Laos y Uzbekistán, cuyo desarrollo es infinitamente menor que el nuestro.
Lo anterior es consecuencia de las acciones que emprende el propio gobierno para solapar la corrupción. Un terrible decreto emitido por López Obrador en noviembre 2021 declaraba como seguridad nacional las obras de infraestructura a cargo del Ejecutivo en los rubros turísticos, medioambientales, fronterizos, ferroviarios, energéticos y aeroportuarios. Sin embargo, después de meses combatiendo esta acción de oscurantismo del gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia declaró totalmente la invalidez de este acuerdo el lunes 22 de mayo.
¿Por qué es tan importante esta resolución? Porque con esta orden presidencial no se podía tener información precisa sobre el presupuesto asignado y ejercido ni sobre los estudios de factibilidad, de costo-beneficio, económicos y ambientales de obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.
Los ministros le dieron la razón al Instituto Nacional de Transparencia, determinaron que considerar como reservados estos expedientes es contrario a los principios de máxima publicidad y acceso a la información establecidos en nuestra Constitución y en diversos Tratados Internacionales. El ministro Laynez dijo que firmar un decreto que oculta información de manera anticipada y general es desconocer como aplica la ley y trastoca profundamente el sistema de transparencia mexicano. Insistió que no se puede reservar expedientes completos de obras o por sectores, sino sólo un documento o parte de uno, y siempre acreditando que el daño de revelar la información es mayor que mantenerlo oculto.
Desafortunadamente, en lugar de que el gobierno federal respetara esta resolución, apenas unas horas más tarde Andrés Manuel firmó un “nuevo decretazo”; donde se establece nuevamente como seguridad nacional la construcción y operación de sus obras faraónicas y elefantes blancos para mantenerlas en la opacidad, y que así ni los ciudadanos ni los legisladores podamos acceder a la información que nos permita saber si están actuando con eficiencia y legalidad en el uso de los recursos públicos. Lamentablemente, este todavía no ha sido impugnado porque como podemos recordar, el INAI no puede sesionar.
Desde aquí, todo mi reconocimiento al INAI y a la SCJN que con valentía están en una dura batalla contra el gobierno mexicano, para que éste no siga ocultando la información, haciendo mal uso de nuestros recursos y escondiendo el nido de corrupción que está alrededor las obras de la 4T.
@PerezSoraya
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