La 4T sigue arremetiendo contra el Instituto Nacional Electoral (INE) tras su decisión de aplazar la consulta popular sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador, argumentando que es inconstitucional y que los consejeros no se han apegado a lo establecido a la Ley Federal de Revocación de Mandato. Sin embargo, los hechos prueban que la decisión de posponer la consulta popular sólo es resultado de las propias restricciones que MORENA ha impuesto a la realización de este ejercicio ¿Cuáles son los intereses ocultos? ¿está MORENA buscando un fracaso de la consulta de revocación de mandato? ¿con qué fin?
Para contestar estas preguntas es importante hacer un recuento de cómo MORENA ha intentado sabotear este ejercicio.
Respecto a los recortes presupuestales, recordemos que para 2022 el INE solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto adicional de $3,800 millones para la organización de la consulta de revocación de mandato. No obstante, MORENA y sus aliados, no sólo negaron dicha solicitud, sino que además decidieron recortarle casi $5 mil millones adicionales al Instituto, bajo la excusa de que, si el INE se apegaba a las políticas de austeridad republicana y “se ajustaba el cinturón”, podría llevar a cabo, no sólo la consulta, sino el proceso electoral enlistado para 2022.
Claramente, lo que MORENA no ha entendido es que la consulta popular de revocación de mandato requiere una organización del nivel de una elección federal; es decir, requiere la instalación de cerca de 161 mil casillas, la contratación temporal de supervisores y capacitadores electorales, producción de material electoral, capacitación, promoción, traslado de papelería y muchas otras cosas que ameritan una mayor dotación de recursos.
Lo que sí es verdad, y que ha estado a la vista de todo México, son las múltiples irregularidades que se han presentado en el proceso de recaudación de firmas. A una semana de que se concluya el plazo establecido, el INE ha detectado más de 218 mil firmas con irregularidades de cerca del millón que han sido ingresadas, es decir, aproximadamente 1 de cada 5 firmas que presenta MORENA tiene anomalías. Entre las irregularidades, diversos medios han destacado como activistas vinculados con MORENA han registrado miles de datos de personas difuntas y hasta de perros u objetos, lo que constituye un fraude al requisito constitucional de que la consulta sea aprobada por el 3% de la lista nominal de electores.
Mi conclusión es que, a pesar del esfuerzo millonario que iniciaron desde el partido oficialista por recopilar las firmas necesarias para que se llevara a cabo este ejercicio constitucional, que insisto, no es obligatorio sino sólo un capricho de quienes hoy gobiernan, no ha podido alcanzar el número mínimo necesario, lo que pone riesgo inminente la realización del mismo proceso.
Ante esa realidad, MORENA activamente ha intentado boicotear el proceso de revocación de mandato, y de paso culpar al INE para debilitar aún más al organismo. Recordemos que la 4T ha manifestado abiertamente su intención de desaparecer al órgano electoral, por lo que atribuirle la culpabilidad de un posible fracaso de este proceso podría conseguirle el apoyo ciudadano que necesita para alcanzar su meta.
Convencer al presidente que ganan más cancelando la consulta que realizándola no debió ser fácil. Más todo parece indicar que definitivamente hay gato encerrado.
@PerezSoraya
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