La desconfianza crónica es un cáncer que hoy nos corroe el alma a los mexicanos.
Frente a cada caso delincuencial que parece ser resuelto por las autoridades, siempre surge la duda de si realmente los inculpados fueron de verdad los autores del crimen, o son simplemente chivos expiatorios a quienes bajo amenazas o tortura física o emocional les han sacado la confesión del delito.
Es obvio que exhibiendo unos supuestos culpables se puede cerrar un caso peligroso que daña la imagen de un gobierno de cara a la opinión pública, o se puede encubrir a los verdaderos delincuentes.
Judith Valenzuela es la periodista que durante una mañanera reciente pidió al presidente López Obrador ayuda para liberar a su hijo Rafael Méndez Valenzuela, quien fue víctima de la fabricación de pruebas de un delito presumiblemente inexistente y a decir de ella, torturado para que él confesase su autoría.
Este joven terminó cumpliendo su condena iniciada en 2008 y no fue liberado como debiese, por lo cual ella pidió ayuda al presidente, quien gestionó su liberación en menos de 24 horas.
Esta injusticia seguramente sucede en miles y miles de casos que no tienen la suerte de ser conocidos por la opinión pública y menos aún por el presidente.
¿Los autores de la fabricación del delito y de la tortura no pisarán la cárcel?... Precisamente esto genera impunidad.
A su vez, el homicidio de María Guadalupe Martínez Aguilar, quien fuera dueña y rectora de la Universidad Valladolid, ocurrido el 29 de junio pasado en Xalapa, fue cerrado con la detención de July Raquel Flores Garfias, de 29 años de edad en la Ciudad de México, a quien se acusa de ser cómplice de Fernando Enrique Merino Marín.
Supuestamente ambos, defeños radicados en la Ciudad de México, viajaron a Xalapa a cometer el crimen y regresaron a esconderse en sus casas en la capital de nuestro país.
Puede ser real lo que dicen las autoridades, pero también circula un video en redes sociales que acusa que ella fue sometida a tortura física y sexual por quienes la detuvieron para que aceptase ser la asesina.
Lo terrible es que en lugar de tener confianza ciega en las autoridades y en nuestro sistema de impartición de justicia, como sucede en la mayoría de los países de la importancia del nuestro, hoy asome la desconfianza, pues tendemos a creer que cada nuevo caso es un montaje policiaco, con base en el conocimiento de que la práctica de la tortura es común y cotidiana en México para obtener confesiones.
En cualquier país del mundo occidental y la mayoría de los asiáticos, la ciudadanía no duda cuando la policía resuelve un caso y el poder judicial emite una sentencia condenatoria. Los ciudadanos se sienten seguros y protegidos por todo el sistema de procuración de justicia de su país, excepto en el nuestro, donde desconfiamos de la policía, quizá injustamente si hacemos una generalización, pues seguro existen muchos policías que sí tienen vocación auténtica de servicio.
Incluso el descubrimiento de casos de colusión entre la delincuencia organizada y las autoridades policiacas y judiciales abona en la desconfianza, principalmente cuando descubrimos que esto se da también al más alto nivel, como lo es el caso de Genaro García Luna, sólo por citar un ejemplo emblemático que refuerza la desconfianza crónica que vivimos los mexicanos respecto a nuestras autoridades.
Esto a su vez repercute en impunidad, pues las víctimas deciden no denunciar por temor a enfrentar el riesgo de que las autoridades que reciben las denuncias estén coludidas con sus victimarios, o puedan ser sobornadas fácilmente por éstos, sus cómplices o familiares.
Incluso las denuncias de detenciones arbitrarias por parte de policías y la desaparición de los detenidos, sabemos que se ha incrementado.
Mientras no haya consecuencias por delitos como fabricación de pruebas y tortura para todos los implicados, desde policías, funcionarios del ministerio público y juzgados, no se frenarán estas prácticas deleznables. Lo peor es que desde siempre han sido y continúan siendo toleradas con total insensibilidad por toda la estructura gubernamental.
No hay nada peor que la desconfianza, pero cuando esta campea por todo el país mientras nuestros políticos se enfrascan en temas electorales que les consumen el total de su atención y tiempo, el impacto de este descuido es devastador, pues se convierte en un obstáculo para preservar el tejido social y construir un mejor futuro.
La confianza es el valor social más importante para construir un país fuerte, próspero y justo. Sin embargo, parece ser que rescatar esta confianza no forma parte de los planes prioritarios de quienes hoy gobiernan, igual que sucedía antes.
La pérdida de confianza y la estimulación de un clima de confrontación, exacerbando rencores y resentimientos que nos dividen a los mexicanos, -los cuales tienen su origen en injusticias reales-, resultan ser de mayor rentabilidad electoral, pero también terminan siendo el caldo de cultivo para la destrucción de México.
¿Y a usted qué le parece?
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