El 23 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se establecen las medidas de austeridad que deberán cumplir las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Esto significó la reducción del 75% del presupuesto disponible en los capítulos 2000, “Materiales y Suministros” y 3000, “Servicios Generales”, de la mayoría de las secretarías de estado y dependencias del gobierno federal, lo cual, sumado a la desaparición de fideicomisos, cuyo dinero ha sido retenido por el gobierno federal, más otras acciones que puedan adicionarse para obtener más recursos económicos, tiene una significación determinante para entender el futuro político de nuestro país.
El justificar el destino final de estos recursos es prioritario para dar transparencia a las acciones del gobierno federal. Todas las dependencias están siendo urgidas a devolver este dinero, que ya estaba en poder de cada organismo público, el cual ya estaban ejerciendo y con el que pretendían operar durante lo que resta de este ejercicio.
Este dinero que ahora se exige sea devuelto a la federación, cuando se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 en la Cámara de Diputados, o sea en 2019, fue etiquetado y destinado para actividades específicas. Por ello no debiese ser retirado de la institución a la que se le destinó originalmente, para ahora darle otro uso, sin caer en responsabilidades administrativas.
Nadie duda que este dinero no sea aplicado en proyectos públicos. Con toda seguridad no irá a parar al patrimonio personal de algunos funcionarios, como sucedió en gobiernos anteriores, en los cuales hubo quienes se enriquecieron desviando dinero público.
Sin embargo, aún aceptando lo anterior, es preocupante que el uso que se dé a este dinero se aplique o invierta en proyectos no prioritarios para salvar la economía de México frente a la crisis que se avecina como derivación de los efectos del COVID 19, pues esto puede representar, desde una irresponsabilidad, hasta una modalidad de corrupción administrativa.
No cabe duda que este tipo de acciones tendientes a obtener recursos económicos no son las únicas que ejercerá el gobierno federal. Anteriormente ya pretendió recibir de modo anticipado un remanente posible del Banco de México al que tiene derecho. Sin embargo, para ponerlo en términos simples, equivale a que los accionistas de una empresa pretendieran que la administración de esta les repartiese sus utilidades anuales con varios meses de anticipación, sobre la base de lo que esperan sean las ganancias del ejercicio fiscal que aún no termina. Esto significaría que la administración tendría que tomar dinero que la empresa necesita para operar, para entregarlo y así dar gusto a los accionistas.
Afortunadamente la Junta de Gobierno del Banco de México, con toda responsabilidad profesional y valentía, no se prestó a cumplir esta exigencia que estaba fuera de la ética.
La pregunta que debe inquietarnos es: ¿Por qué les apura a algunos funcionarios, o asesores del gobierno federal, obtener dinero líquido?... ¿A dónde irá a parar ese dinero?
Si no se instrumenta una respuesta pronta y transparente por parte del Gobierno Federal, quedarán en el aire las naturales suspicacias de que esta sea una estrategia para fortalecer financieramente al partido en el poder de cara a las elecciones del próximo año, que serán determinantes para consolidar el proyecto político de la 4T.
A final de cuentas y contra todo lo que se diga, la democracia de hoy es un modelo político sustentado en dinero invertido para obtener el voto y así llegar a gobernar, o para mantenerse en el poder.
Ese dinero, en el mejor de los casos, sirve para realizar campañas de promoción del voto, convenciendo al electorado. Sin embargo, la experiencia anterior nos muestra que la compra de votos ha sido una estrategia opaca e inmoral de la democracia mexicana. Nada nos asegura que esta práctica no continúe en el futuro, así como las estrategias sutiles de inducción al voto utilizando los programas sociales de gobierno; regalar dinero sirve también para comprometer el voto.
Otra posibilidad sería que ese dinero se utilice para apuntalar los proyectos personales del presidente, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.
Es paradójico que en tiempos de una emergencia que pone en riesgo la viabilidad financiera del país, se le de la espalda al rescate de la infraestructura productiva de México y sólo se otorguen a este sector estratégico paliativos simbólicos que no resuelven de fondo el problema y en su lugar se aceleren obras no estratégicas para el país, con el único fin de lograr un avance tal al final del sexenio que ya no puedan ser detenidas por las siguientes administraciones.
Este objetivo perverso pone en evidencia el temor de que no haya continuidad para estas obras, a no ser que ya estuviesen concluidas. Esto significa inseguridad en la valoración de su importancia.
La Cámara de Diputados, como responsable de la asignación presupuestal, es quien pudiera vigilar y controlar el destino final de los recursos públicos.
Solo la presión legislativa puede representar el contrapeso necesario para que el dinero público sea manejado con criterios institucionales.
¿Usted cómo lo ve?
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