Al igual que sucede con linchamientos físicos, donde una comunidad decide hacerse justicia por su propia mano, con los graves riesgos de ejecutar a un inocente, los movimientos sociales “de denuncia pública” se mueven por el mismo fenómeno y por lo tanto, representan los mismos riesgos.
Los linchamientos de personas físicas generan la muerte biológica del presunto delincuente y los linchamientos mediáticos, en redes sociales, provocan la “muerte social” del inculpado, a través de destrozar su honorabilidad y con ello, generar daños directos en su vida profesional, laboral, social y familiar.
Sin embargo, en todo este escándalo, el culpable real no ha abierto la boca: el sistema de justicia de todo el Estado Mexicano.
La pérdida de confianza de las víctimas en nuestras autoridades, impulsa a éstas a hacerse justicia por su propia mano.
Nuestro sistema de justicia es indolente frente a la víctima y más aún, ante delitos de género o índole sexual. Lo más podrido de nuestro país está en el sistema de justicia, donde se ven conductas que van desde indiferencia, que se traduce en inacción, hasta franca complicidad de quien comete el delito, con las autoridades que debieran combatirle.
Además, en el caso del acoso sexual, que puede manifestarse como una derivación del chantaje que busca como pago “servicios sexuales”, están involucradas casi todas las instituciones del país cuando en su seno se registra un caso de este tipo.
Las empresas, las escuelas de todos los niveles, partidos políticos, instituciones relacionadas con el arte y la cultura, organismos deportivos, en fin, podríamos decir que casi todas, porque el acoso sexual puede darse en toda organización donde existe una estructura de autoridad o poder, en la cual alguien pretende manipular su posición predominante, frente a quien está en posición vulnerable.
Lo grave es que siempre la primera respuesta de cualquier institución, cuando se da un caso de este tipo, es negarse a aceptarlo y proteger de la acción judicial al agresor, para evitar el escándalo. De esta forma las instituciones se vuelven cómplices porque propician la impunidad.
El ámbito laboral principalmente, donde el acceso a beneficios o incluso, la retención del empleo está en juego, es donde más florece este fenómeno tan denigrante, que es el acoso. Todo aquel que tiene algo valioso que ofrecer podría caer en la tentación de pretender intercambiarlo cuando tiene enfrente a una persona que le obsesiona sexualmente.
Sin embargo, no ceder a esta tentación, es un asunto cultural y de valores morales del individuo.
Respecto al suicidio del bajista del grupo Botellita de Jerez, los ciudadanos no tenemos elementos para definir si fue culpable o nó de aquello que se le acusó públicamente y de forma anónima a Armando Vega Gil.
Sin embargo, al margen de lo que significa este lamentable acontecimiento en particular, las redes sociales, reaccionando ante la inacción de las autoridades, se están convirtiendo en un gran jurado que determina quien es culpable o no de un delito.
En este contexto informal en que se mueven las redes sociales, no podremos asegurar nunca si la información que sustenta una acusación en contra de un presunto acosador, es confiable. En redes sociales, quien pega primero gana.
También es necesario definir la frontera entre “acoso” y “flirteo”. El flirteo es parte de la vida emocional de las personas y reprimirlo externamente puede tener impacto en la vida personal.
Lo que sí es evidente es que el acoso sexual, o sea la presión emocional y el chantaje por parte de quien tiene posición dominante, atenta contra la dignidad de la víctima y su derecho a elegir libremente a su pareja sexual, por lo cual debe erradicarse, dejando de ser una práctica socialmente tolerada como lo es hoy.
Sin embargo, la realidad es que este ambiente de linchamiento mediático en redes sociales es la respuesta desesperada de mujeres victimizadas, que ante la indiferencia e inacción de las autoridades que debiesen protegerlas, toman la justicia por su propia mano, para defenderse o hacerse justicia, denunciando públicamente a su agresor.
La pérdida de confianza de las víctimas en nuestras autoridades, impulsa a estas a hacerse justicia por su propia mano.
Es necesario reestructurar todo el sistema de justicia para que la gente se sienta protegida, confíe en las autoridades y no caiga en la tentación de pretender hacerse justicia por sus propios medios.
¿Usted cómo lo ve?
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