Buena noticia es que el tema violencia es prioridad para el gobierno que tomará posesión el próximo primero de diciembre.
Ya se llevó a cabo en Ciudad Juárez, el primero de los 18 Foros de “Pacificación y Reconciliación Nacional”, evento presidido por el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador y coordinado por quien será secretaria de gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero y por Alfonso Durazo Montaño, próximo secretario de seguridad pública.
Sin embargo, no hay claridad en los planteamientos centrales, principalmente en lo relativo a la propuesta de “amnistía” y el “perdón”.
Definitivamente, se percibe una buena intención: resolver el problema de la violencia. Sin embargo, ni la amnistía ni el perdón aplican para resolver lo que hoy vive México.
La amnistía ha servido en otros países para consolidar procesos de pacificación, cuando el conflicto ha concluido y se quiere reconciliar a los grupos en pugna. Sin embargo, el nuevo gobierno la propone para pacificar, para resolver un conflicto delictivo vivo, en el cual los beneficiarios de la amnistía no la quieren, pues no les interesa ni la han pedido, ya que pretenden seguir su carrera delictiva.
Por tanto, la amnistía en nuestro país ni siquiera debe ser considerada.
En Colombia, por ejemplo, funcionó después de que el grupo guerrillero denominado las FARC negoció la paz y se comprometía a desmilitarizarse. Entonces, para que los guerrilleros pudieran integrarse a la vida política de forma democrática, requerían de una amnistía. De este modo, podrían dejar las montañas donde habían vivido durante años y regresarían a las ciudades a reencontrarse con familiares y amigos.
Si los guerrilleros de las FARC tuvieran procesos judiciales pendientes por crímenes de guerra, entonces ¿cómo podrían reintegrase a la vida civil sin riesgo de ser encarcelados? La amnistía resolvía este temor.
La amnistía fue el resultado de la negociación política de quien era el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y los líderes de las FARC, quienes ya deseaban dar por concluida esa guerra.
La amnistía colombiana incluía el cese al fuego, la entrega de las armas, dejar de vestir uniformes militares y la integración de los miembros de las FARC a la sociedad.
Evidentemente fue parte de una negociación política.
Por tanto, en México no se puede conceder amnistía a quienes no la solicitan porque prefieren continuar delinquiendo. ¿Dónde están los delincuentes que quieren redimirse ante la sociedad y dejar esa vida violenta?
El caso de la pacificación de Sudáfrica, negociada por Nelson Mandela, fue la búsqueda de la reconciliación entre la población de raza blanca, que había abusado durante muchísimo tiempo de toda la población de color, a la que había esclavizado y a la que después, en los tiempos modernos había segregado bajo el modelo del “apartheid”.
Los blancos reconocían que habían actuado mal y prometían no volver a repetir esa historia y la población de raza de color otorgaba el perdón, para iniciar juntos una nueva era de convivencia en paz e igualdad de derechos, políticos y sociales.
En Chile también se aplicó la amnistía a favor de los militares al final de la dictadura instrumentada por el general Augusto Pinochet. De este modo se consolidó la paz.
Daniela Malpica Neri, abogada, explica que “El primero en emplear una amnistía fue el general griego Trasíbulo, quien realizó un golpe de Estado en el año 412, antes de Cristo para restablecer la democracia en Atenas. Después de haber arrojado a los treinta tiranos de Atenas, mandó un olvido general (amnistía) para intentar recobrar la pujanza, la paz y la libertad ateniense.”
La amnistía podría funcionar en México para rescatar a quienes fueron forzados a integrarse a algún cartel en contra de su voluntad. Sin embargo, ningún grupo criminal estaría dispuesto a dejar escapar a ninguno de sus miembros. Por tanto, antes de hablar de amnistía se debiese instrumentar un programa para facilitar la huida de quienes quisieran abandonar al grupo delincuencial que les retiene. Habría que plantear primero una estrategia de rescate que incluya darles una nueva identidad, para que no sean identificados por sus captores.
Sin embargo, esto no resolvería el problema de la violencia ni la delincuencia, pues no hay ningún interés de los delincuentes por abandonar su actividad. Más bien, pretenden crecer y ganar nuevos mercados. Una “ley de amnistía o perdón” amarraría las manos legalmente a las autoridades para perseguir a los criminales, lo cual fomentaría la impunidad.
Apenas va el primer “Foro por la Pacificación” y es necesario que las universidades, a través de sus escuelas de derecho y sus institutos de investigaciones jurídicas, participen aportando soluciones viables.
Lo importante es que ahora si se percibe voluntad política para resolver este problema y la sociedad y sus instituciones deben participar, para dar seguimiento a las soluciones que se propongan.
¿Usted cómo lo ve?
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