Segalmex y La Estafa Maestra

La “estafa maestra” sentó un precedente de corrupción y por ello Rosario Robles permaneció tres años en prisión y aún no se cierra su caso.

El monto supuestamente defraudado a través de la operación denominada la “estafa maestra” fue de 7,670 millones de pesos. Sin embargo, el monto del fraude a SEGALMEX, -que es el organismo público descentralizado, responsable de promover la productividad agroalimentaria y vinculado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural-, asciende a 15 mil millones de pesos, lo que significa el doble de la estafa maestra, supuestamente encabezada por Rosario Robles.

Sin embargo, el dirigente de Segalmex, -Ignacio Ovalle-, ha sido deslindado de responsabilidades respecto a este fraude por el mismo presidente de la república, -convirtiéndose no sólo en su defensor-, sino también en quien lo absuelve de cualquier delito, como si fuese un juez.

Que hay 22 implicados en este fraude es cierto, pero mientras a Rosario Robles la encarcelaron sin previo juicio, -simplemente ejercitando prisión preventiva oficiosa, adjudicándole la responsabilidad de haber encabezado la SEDESOL en los tiempos en que se cometió el delito-, el presidente exonera a Ignacio Ovalle sin considerar que como dirigente de la institución tiene grandes responsabilidades, pues debió estar enterado de lo que sucedía, e impedirlo.

Si no estuvo enterado de cómo se articulaba este megafraude, entonces se vuelve moralmente responsable por incompetente.

Es importante identificar la trayectoria de Ignacio Ovalle como servidor público.

Su larga trayectoria en el servicio público se remonta a haber sido secretario particular del presidente Luís Echeverría. Posteriormente “secretario de la presidencia”, también durante la gestión del presidente Echeverría. Este cargo, que desde hace muchos sexenios fue eliminado, tenía la jerarquía de una secretaría de estado.

En 1976 fue director general del Instituto Nacional Indigenista. En 1977 fue coordinador general de Coplamar y de 1988 a 1990, director general de Conasupo, el organismo antecesor de Segalmex en el suministro de productos de consumo de la canasta básica.

También fue embajador de México en Argentina y Cuba y ha sido diputado federal.

En su carrera como funcionario público debe haber acumulado larga experiencia, como para suponer sólida capacidad administrativa.

Por su parte, como otro caso emblemático podemos considerar lo sucedido en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, donde su director general, Jaime Cárdenas, estando en el cargo denunció de forma directa ante el presidente de la república un robo hormiga respecto a joyas y valiosos artículos decomisados, quejas que fueron desestimadas por López Obrador, hasta que Cárdenas presentó su renuncia para no verse involucrado en esos ilícitos.

El INDEP resguarda y subasta bienes decomisados a la delincuencia, -o confiscados a funcionarios públicos corruptos-, como joyas, obras de arte e incluso bienes inmuebles.

Sin embargo, cada vez que un periodista menciona este tema ante el presidente de la república, éste descalifica a Jaime Cárdenas, quien fuera su cercano colaborador.

Estos casos de corrupción tomados como ejemplo nos llevan a concluir que el discurso anticorrupción promovido por el presidente no pasa de la retórica mañanera, pues no se han instrumentado sistemas eficientes para prevenir conductas delictivas dentro de las instituciones y cuando hay indicadores de conducta ilícita, descubrimos falta de voluntad política para investigar la verdad.

Toda la narrativa anticorrupción se resume en discursos de buena voluntad y disertaciones moralistas, pero muy pocas acciones.

Cuando los involucrados en algún escándalo son gente cercana al afecto del presidente, todo queda en la impunidad, pues sólo se castiga a gente de bajo nivel jerárquico, que quizá tuvo que encubrir a sus jefes.

¿Hasta dónde llegará el escándalo de Segalmex?

Seguramente concluirá con el enjuiciamiento de varios funcionarios de esa institución, -de niveles operativos-, sobre quienes irá todo el poder del Estado Mexicano para justificar la lucha contra la corrupción, pero sin llegar a fondo. Así es la “politiquería” de hoy.

No ve… ¡quien no quiere ver!

FENTANILO, VIOLENCIA Y OTRAS COSAS

El problema de Estados Unidos es el consumo de fentanilo. Sin embargo, el de nuestro país es la violencia que generan los cárteles.

Parecen ser equivalentes, pero no son lo mismo.

El de allá es un problema de salud pública del que nos culpan a nosotros. Sin embargo, nosotros también podríamos culpar a los consumidores norteamericanos de que a lo largo de 50 años estimularon el crecimiento de los grandes cárteles, que hoy son el origen de la violencia en nuestro territorio.

El origen del conflicto y la guerra de acusaciones entre nuestros dos países, es la falta de oficio en el ámbito diplomático de quien hoy nos gobierna.

Tanto los senadores norteamericanos, -como nuestro presidente-, asumen un lenguaje envalentonado, que está dirigido hacia el público interno, dentro de cada país.

El tono rijoso tiene un interés electorero en cada caso.

Sin embargo, que el presidente de México se rebaje a entrar a insultos, descalificaciones y amenazas con los congresistas, rebaja la investidura presidencial y estimula el espectáculo masivo. Nuestro país no necesita un héroe echado “para delante” y reivindicador, sino un estadista.

Este es un tema cuya solución debiese quedar en el ámbito de la responsabilidad de nuestro canciller, -quien además tiene las tablas y experiencia para llevarlo adelante-, pues maneja el lenguaje y los formalismos diplomáticos.

Es evidente que si bien nuestro gobierno es responsable desde hace mucho tiempo de haber dejado crecer a los cárteles y hoy estos están tan empoderados que ya le perdieron el respeto a nuestras fuerzas armadas y las enfrentan de “tú a tú”, -lo que no sucedía antes-, vemos que del lado norteamericano hay una actitud infantil, pues parecen dar por sentado que nuestros cárteles son tan poderosos que tienen la capacidad para distribuir directamente, -y con sus propios medios-, dentro del territorio norteamericano.

¿Allá no existen cárteles locales con una red de distribución de mayoreo y menudeo?

¿A usted qué le parece?

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