Donald Trump, considerado el Presidente más poderoso del mundo, tiene menos poder sobre los ciudadanos, empresarios, legisladores y jueces de EUA, que López Obrador en México.
Trump prometió en su campaña que construiría un muro en la frontera con México, y una vez Presidente pidió al Congreso fondos para construirlo. Pero legisladores, también preocupados por la inmigración ilegal hacia su país, analizaron la conveniencia del muro y concluyeron que eran mayores los costos que los beneficios, y le negaron los fondos para construirlo. Varios de sus decretos para expulsar ilegales han sido desechados por jueces por violar la Constitución.
Trump no puede frenar una obra de un aeropuerto, decidir dónde se construirá un tren o refinería, si no demuestra con estudios sus perjuicios o beneficios para la sociedad y tiene la aprobación del Congreso, en el cual aún legisladores de su partido se han opuesto a sus decisiones porque no hay razones ni estudios que demuestren su conveniencia.
En México se cumple con el Presidente un dicho de la popular canción de que “su palabra es la ley”. Y es así que una mañana anuncia que frena la construcción de un aeropuerto y se construirá en otra parte o se iniciará la construcción de una refinería en un determinado lugar, sin aportar ninguna razón sustentada en estudios para tomar esas decisiones o ignorando lo que dictaminan los expertos sobre lo inviable de esas decisiones. En EUA son empresas privadas las que invierten y deciden en casi todos los sectores básicos: petróleo, electricidad, trenes, alimentos, entre otros. El éxito económico de EUA radica en que el Presidente no es a la vez el responsable de las empresas petroleras, de alimentos o terminales aéreas. No hay un capitalismo de Estado ni un presidente que, aunque toda su vida haya sido empresario, decida lo que se tiene que hacer en materia económica. Y lo más importante, hay una división de poderes, que es la base de la democracia y de un gobierno verdaderamente constitucional.
En un país donde lo que manda un Presidente no tiene límites y su “palabra es la ley”, no podemos hablar de república ni democracia, como demuestro en mi libro más reciente, publicado por Editorial Ariel, de Planeta, “JUSTICIA SOCIAL INJUSTA”.
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Profesor de Economía Política
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