La conversión de “el pueblo” en macrodatos y su gestión algorítmica con fines mercadotécnicos desembocará en sociedades del desconocimiento y la pseudoinformación: Víctor Sampedro Blanco.
La información y su circulación a gran velocidad forma parte del entorno cultural en el siglo XXI. Medios, información y democracia son un triángulo sólido de la modernidad. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación clara provoca ya conflictos legales en diversos países y regiones del mundo. Europa busca subsanar lagunas jurídicas para las redes sociales en materia de seguridad gubernamental, privacidad y datos personales. Hay una doble tensión entre: 1) derecho a la información y razones de Estado; y 2) libertad de expresión y respeto a los derechos humanos.
Otros ejemplos de esta doble tensión son: las prohibiciones a la red X (antes Twitter) y otras aplicaciones (Facebook, YouTube) en Venezuela, Brasil, China, Turquía, Corea del Norte y Turkmenistán, por diversas razones que esgrimen los gobiernos nacionales, como “no tener representantes legales”, “fomentar el odio”, “difundir información falsa” o “incitar al enfrentamiento entre civiles”. Rasgo común, que señalan politólogos, es el autoritarismo de esos países. ¿Entonces qué hacer para que gane el ciudadano y no sea ignorado en este choque?
Veamos el caso mexicano a partir del entorno mediático tradicional. Con la reforma judicial, aprobada este mes en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, se concreta el cambio de régimen anunciado por AMLO y la 4T. Se trata de un cambio de reglas profundo a nivel político y social, con posible impacto a nivel económico. Las élites económicas tendrán que reconsiderar estrategias frente al poder gubernamental.
Entre los actores empresariales, sin duda los propietarios de los medios de comunicación tradicionales (TV, radio, prensa) deberán replantear su futuro. Su línea de poder está siendo afectada por la pérdida de ranking, el descrédito de sus programas noticiosos, la inhabilitación de sus credenciales de chantaje y el retiro paulatino de la publicidad pública y privada. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se sumaron 36 mil millones de pesos en gastos publicitarios. Además de la condonación de impuestos y ayudas a sus empresas satélites.
El cambio de régimen encierra un factor preocupante para los medios antes consentidos: (Se autonombraban 4 poder y cogobernaban con el PRIAN) ahora corresponde la revisión de concesiones y permisos que otorga el Estado a particulares para operar estaciones de radio, televisión, medios digitales y las plataformas de Inteligencia Artificial. Pero hay un elemento clave en la revisión, de acuerdo con la ley vigente: la función social y el servicio de compromiso comunitario que las estaciones concesionadas deben brindar. Esto se olvidó en el período neoliberal y resultaría lógico que se revisaran esos parámetros en medios privados. No se trata de pedir una "caza de brujas" sino de exigir responsabilidad social a los medios que no la muestran en grado debido, así como legislar para que rindan cuentas de utilidades, uso de algoritmos y políticas de censura.
Por su parte, los programas informativos y de opinión -incluyendo las cada vez más numerosas mesas de análisis- tienen ante sí dos retos:
1) Realizar verdadera investigación y balancear de mejor manera su cobertura y políticas editoriales. La sociedad mexicana ha cambiado de forma dramática entre 2006 y 2024, sin que esto se note en la cobertura informativa de los medios dominantes en audiencias. Por cierto, esas audiencias cada vez más migran a otros espacios de información virtual, donde sí se ve un impacto social y cultural de los cambios políticos experimentados en la república.
2) Ofrecer una diversidad de servicios acorde con las realidades tecnológicas del siglo XXI. Esto significa retomar la idea de convergencia mediática con mayor creatividad e imaginación. ¿En qué, por ejemplo? En interactividad y participación ciudadana. De otro modo, los medios tradicionales se verán rebasados por las plataformas de comunicación virtuales más incluyentes y atrevidas. La competencia por las audiencias creció y seguirá creciendo.
El panorama de medios tradicionales, en suma, debe cambiar con sentido ciudadano y democrático. De esta manera el cambio de régimen no los tomará descolocados. ¿Será fácil la adaptación? No, por los intereses económicos y políticos que ahí se manifiestan: los medios nacieron desde y para las élites empresariales con relaciones políticas. Ese campo de juego ya cambió. Si los medios no miran con sentido democrático a sus audiencias, pueden desplomarse o ser sujetos de una revisión cuidadosa en torno a la función social que les exige por ley el Estado Mexicano.
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