Sin bajar la guardia

Al concluir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la visión del México neoliberal se desdibujó a nivel mundial y nacional, entró en pausa, se frenaron acciones como la privatización de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, industria minera, así como el tráfico leonino en la venta de medicamentos en el sector salud, y en la educación, con la proliferación de escuelas privadas, entre otros rubros.

Los gobiernos del PRIAN -así lo muestran los números- impactaron de manera negativa en la mayoría de la población, en el 2018 la cifra de pobres sumaba 61.1 millones de personas, es decir, el 48.8 % de la población en México no contaba con los ingresos suficientes para una vida digna. Su política económica paralizó el salario mínimo y en su lugar apoyó la condonación de impuestos a los potentados y la evasión fiscal, con la creación de asociaciones civiles, que ellos mismos impulsaban, entre otras estrategias de contubernio empresarios-gobierno.

Bajo tales circunstancias, la llegada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una visión de izquierda, confrontó los intereses de grupos económicos y políticos que por décadas cogobernaron, e inició una lucha por visibilizar y combatir la injusticia social que se había normalizado.

El sexenio de AMLO corrió sobre dos rieles: por un lado desmantelando la maquinaria de vicios y contubernios enquistados en la administración pública, y por otro impulsando los programas de desarrollo social en favor de los más desprotegidos. El salario mínimo creció 220 % en 6 años; se destinó a programas sociales la mayor cantidad de recursos en América Latina (2.7 billones de pesos) y salieron de la franja de la pobreza 9 millones de personas.

Sería injusto etiquetar al gobierno del tabasqueños como gobierno de transición toda vez que se concretaron obras fundamentales como el Tren Maya, el Ferrocarril Istmo Tehuantepec, la refinaría de Dos Bocas, los aeropuertos Felipe Ángeles en la ciudad de México y el Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo; el acueducto El Cuchillo II, en Nuevo León. Mención especial merece la defensa de la soberanía nacional al lograr acuerdos comerciales de igualdad con Estados Unidos y Canadá.

Al cierre de su administración López Obrador tiene el 76 por ciento de aprobación a su gobierno, y deja en manos del poder legislativo una veintena de reformas constitucionales en la que destaca la Reforma al Poder Judicial; que la Guardia Nacional quede en manos de la SEDENA; la desaparición de órganos autónomos; becas para discapacitados y  que el salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación.

A partir de octubre próximo los destinos de México estarán en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien obtuvo más de 35 millones de votos y contará con el respaldo de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado de la República estará a un voto para conseguir esta misma condición.

Las circunstancias están dadas -como bien lo ha dicho la presidenta electa-, para construir el segundo piso de la transformación, aunque enfrentará las acciones virulentas de los poderes fácticos, que por lo pronto se han manifestado para frenar la reforma al Poder Judicial, incluso recurriendo a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que amenazan con castigar a México a través de la renegociación de los acuerdos que enmarcan el Tratado de Libre Comercio.

Claudia Sheinbaum se ha comprometido a gobernar con la máxima del humanismo mexicano “por el bien de todos, primero los pobres”, su propuesta la enmarca en 100 puntos donde precisa: “nunca me someteré a ningún poder económico, político y extranjero, siempre trabajaré por el interés del pueblo de México y la Nación”.

La presidenta electa tiene tras de sí el legado que le deja Andrés Manuel López Obrador, pero también el compromiso de establecer su sello personal como la primera mujer en encabezar un gobierno democrático. A diferencia de AMLO, no se trata solo de una mujer política sino también científica, con una trayectoria en movimiento sociales enarbolados por la izquierda mexicana. En octubre inicia una nueva historia de México, donde la participación ciudadana será un ingrediente fundamental para seguir escalando nuevos estadios de justicia social.