“La igualdad no significa que todos tengamos la misma riqueza, sino que nadie sea tan rico como para poder comprar a otro, ni que nadie sea tan pobre como para verse forzado a venderse”
Jean Jacques Rousseau
En Latinoamérica resulta recurrente que los líderes de izquierda al llegar al poder se desgasten al tratar de desmantelar el andamiaje económico-político que durante más de 40 años articularon los operadores del liberalismo con el señuelo de que libertad, privatización, competencia e individualismo generan progreso.
La historia señala al país de Chile, y de manera específica al gobierno de Augusto Pinochet, como el momento en que se consolidó el poder del capitalismo en las naciones de habla hispana. En las “letras chiquitas” del acuerdo que suscribió el dictador militar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se incluían cláusulas donde se establecía que a cambio de préstamos se deberían promulgar leyes a favor del libre mercado, la privatización de bienes y servicios públicos y favorecer la inversión extranjera, entre otros ajustes estructurales.
En la práctica, el refrán “El gobierno es el problema, no la solución” -atribuido a Margaret Thatcher y Ronald Reagan- representa deslindar a las administraciones públicas de su compromiso de velar por el bienestar de los ciudadanos en el sentido de garantizar la atención en salud, educación, vivienda, trabajo, distribución del ingreso per cápita, opciones para el uso del tiempo libre, cuidado del medio ambiente y administración de los recursos naturales.
Para la expansión del neoliberalismo en Latinoamérica se utilizaron dos vías: la primera, a través del fortalecimiento de gobiernos autoritarios respaldados por las fuerzas armadas, y la segunda, mediante el fraude electoral para imponer políticos afines a la doctrina neoliberalista.
En el caso de México, lo primero fue engancharse con la “oferta” de préstamos a la banca internacional, que a la postre resultaron impagables. A finales del mandato del presidente José López Portillo, en 1982, el adeudo era superior a los 87 millones de dólares. La fórmula capitalista funcionó, el Fondo Monetario Internacional (FMI) creaba las condiciones para una crisis de deuda externa que incluía devaluación del peso, alta tasa de inflación y castigo al precio del petróleo en el mercado externo.
Lo demás es historia. Utilizando la maquinaria electoral, se impusieron gobiernos pro capitalistas, como los encabezados por Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de ñGortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En retrospectiva, se puede enumerar su herencia político-económica: privatización del servicio bancario, aumento gradual de la deuda externa, firma de Tratado de Libre Mercado con Estados Unidos y Canadá, participación de capital extranjero para la generación y comercialización de energía eléctrica y autorizar la explotación de la industria petrolera a la iniciativa privada. También se fomentó la concesión del servicio de aeropuertos, puertos marinos y telecomunicaciones, la proliferación de la industria maquiladora y la inversión privada en la educación, salud, minería y agricultura.
En contraparte, el adelgazamiento del estado mexicano para privilegiar la inversión privada nacional y extranjera se reflejó de manera directa en el aumento de familias en extrema pobreza, migración ilegal constante a Estados Unidos y Canadá, fortalecimiento del crimen organizado, debilitamiento de los sindicatos, la pulverización del salario y la corrupción como práctica cotidiana.
Desmantelar el andamiaje de los gobiernos pro neoliberalistas e impulsar al mismo tiempo una administración con sentido humanista es el reto que durante cinco años viene enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador; la narrativa basada en la justicia social, ataque frontal a la corrupción y la redistribución de la riqueza entre los que menos tienen, además de una mayor participación del Estado en la administración de los bienes públicos, entre otras acciones, buscaron mejorar el futuro de la mayoría de los mexicanos.
El próximo gobierno federal, que todo indica será encabezado por la abanderada de Morena, Claudia Sheinbaum; deberá continuar con los esfuerzos para reducir la desigualdad y promover una mayor cohesión social garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica sin importar su nivel de ingresos, educación gratuita y de calidad, desde preescolar hasta la educación superior; vivienda asequible para las familias, protección laboral -incluyendo salarios justos, jornadas de trabajo razonables y respeto a la organización sindical-, redistribución de la riqueza, e inversión en infraestructura, servicios públicos, industria y agricultura.
Para evitar que todo quede en buenas intenciones es necesario que la movilización y organización social no sólo ocurra en época de electoral e impulsar la participación política en la planeación democrática y gobernanza en los seis años de gobierno de Claudia Sheinbaum.
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