Un fantasma recorre América Latina: llamar a la integración de un Congreso / Asamblea Constituyente para actualizar la Carta Magna de cada país a los nuevos tiempos políticos, económicos y sociales. Inició en Argentina , después Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y, recientemente, Chile. En esos países se convocó a consultas ciudadanas para modificar la Constitución Nacional que establece el contrato social y las reglas de convivencia con miras a un desarrollo dinámico y sostenible, acorde con los tiempos globales que cambiaron el rostro del planeta. En el caso de México, las enmiendas constitucionales son sexenales: con información del Senado de la República, la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 sumó 707 reformas hasta 2018. Más lo que se acumule.
Entre la clase política, de manera velada, se considera (después de los comicios de 2024) la posibilidad de convocar a un mecanismo de participación ciudadana para preguntar: “¿Estás de acuerdo con la conformación de un Congreso Constituyente que elabore una nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que sustituya la promulgada, y aún vigente, Constitución de 1917?”
Algunos estudios señalan que las constituciones representan a la perfección la idea de contrato social que instituyera Jean-Jacques Rousseau en una obra del mismo nombre, escrita en 1762. El texto de Rousseau es considerado precursor de la Revolución Francesa, y en especial la Declaración de los Derechos del Hombre; entre sus temas centrales se abordan la libertad y la igualdad social, sustentadas en leyes nacionales. El surgimiento del Estado-Nación, con el reconocimiento de los derechos universales del hombre.
En la actualidad, el contrato social que establecen las constituciones nacionales es un documento con enfoque limitado por los cambios vertiginosos en un mundo globalizado. Esta normatividad, por cierto, no respondió a las exigencias de la Revolución Industrial y menos a la llamada Revolución tecnológica-digital que prevalecieron en el siglo XIX y principios del XX: movimientos económicos que fueron modificando de manera drástica aspectos como la movilidad social (migración), formas de ganarse la vida (trabajo), formas de comunicación y espacios de convivencia básica (tiempo libre, entretenimiento, familia, escuela, religión).
Los nuevos contratos sociales deben reconsiderar temas importantes como los problemas que genera el mundo globalizado y virtual: el aumento de la inseguridad, los elevados niveles de desigualdad social, el consumismo, el deterioro ambiental, la falta de oportunidades de empleo bien remunerado, la atención eficiente en la salud y educación, entre otros aspectos que son rezagos para lograr una convivencia armónica. La pregunta de rigor es ¿bastará con el reajuste constitucional? Porque el dilema del cambio constitucional apunta a otro problema de diseño jurídico moderno: la aplicación real del Estado de Derecho. Es decir: se necesitan cambios constitucionales acordes a las nuevas realidades, aunque flota en el aire otra pregunta ¿se cumplirán?
La revisión de posibles reformas constitucionales debe incluir apartados donde, por efectos de la interdependencia económica y política, las decisiones se tienen que alinear a las políticas de los centros de poder mundial. Interdependencia. La presión exterior sobre los países es intensa y rebasa los instrumentos legales vigentes. Debate abierto.
Un discurso de la canciller alemana Angela Merkel ante el consejo de la Unión Europea (2020) establece ‘prioridades de atención inmediata para las naciones’. Se incluyó el cambio climático. Merkel propuso ‘la solidaridad mundial para atender las consecuencias del deterioro ambiental’; incluyó la comunicación digital: ‘así como existen iniciativas ambientales, se deben establecer sistemas para evitar campañas de desinformación y ciberamenazas’. Reforzar la soberanía en el ámbito digital: camino a explorar.
Otras ideas: en foros de participación ciudadana podrían analizarse problemas como la migración; la relación comercial y cultural con naciones vecinas; el problema de la guerra; y problemáticas financieras que definen la economía mundial. Son temas que requieren de atención con mirada nacional, para no improvisar y no aumentar la incertidumbre.
La mejor forma de llegar a ese nuevo contrato social (Constitución) para cambiar reglas es generar espacios de debate que incluyan voces diversas. El objetivo: lograr consensos sólidos y garantizar la estabilidad nacional a largo plazo.
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