ONG urgen a Senado reactivar discusión de Ley General de Cannabis

Organizaciones de la sociedad civil urgieron este lunes al Senado mexicano a reactivar la discusión de una Ley General de Cannabis, al advertir que la falta de una regulación integral mantiene al país en un vacío legal que limita el desarrollo económico, el acceso a derechos y la construcción de paz.

En el marco de la conmemoración del 420, fecha emblemática para los movimientos a favor de la regulación del cannabis, colectivos especializados en políticas de drogas, salud pública y derechos humanos entregaron a la Mesa Directiva del Senado una bolsa simbólica de semillas para exigir que se retome, con carácter prioritario, la agenda legislativa pendiente.

“Reactivar esta agenda no sólo implica atender una deuda legislativa pendiente, sino asumir una responsabilidad compartida frente a una realidad social que ya existe”, señaló Zara Snapp, directora del Instituto RIA, una de las organizaciones firmantes del posicionamiento.

Los colectivos destacaron que el Mundial de Fútbol 2026 -que México organiza con EE.UU. y Canadá- hace urgente que el país tenga reglas claras sobre el cannabis, debido a la llegada de visitantes con distintas culturas de consumo.

En ese sentido, consideraron necesario fortalecer al Estado para informar, prevenir riesgos y manejar posibles situaciones relacionadas con el consumo.

"Con el Mundial 2026, México tiene la oportunidad de demostrarle al mundo que es un país que cuida a sus ciudadanos y a sus visitantes. Una regulación clara reduce riesgos, genera empleos formales y manda un mensaje contundente: México no le teme al futuro, lo construye”, señaló Luis Fernando Campos, de Educannabis.

El llamado ocurre en un contexto en el que México continúa sin una ley integral, pese a que la Suprema Corte reconoció en 2018 el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con el autoconsumo de cannabis.

Desde entonces, el Congreso no ha aprobado un marco que ordene la producción, distribución y consumo, lo que ha derivado en un escenario fragmentado, con más de 12.000 autorizaciones sanitarias y amparos para cultivo, así como puntos de tolerancia en Ciudad de México y decenas de establecimientos que comercializan productos derivados sin regulación clara.

Entre los beneficios de una regulación integral, las organizaciones mencionaron el acceso a tratamientos terapéuticos, la generación de empleos formales, la inclusión productiva de comunidades rurales, mayores ingresos fiscales y políticas públicas orientadas a la reducción de riesgos y daños.

Fuente:EFE/All/Foto:Freepik