domingo 23 febrero 2020 3:42 PM
Redactor : María Albert Hdez
El 22 de diciembre de 2016 terminó el plazo que el gobierno de Tabasco otorgó a la empresa DCO AVIATION SOLUTIONS SA DE CV, para que le entregara un helicóptero cuyo destino sería el Instituto de Protección Civil del Estado.
La aeronave costó 39 millones de pesos, aunque después se supo que fueron más de 45 millones de pesos los que pagó la administración de Arturo Núñez Jiménez por ella, recursos que provenían del erario estatal y de una donación de Petróleos Mexicanos.
En 2017, el entonces diputado local Manuel Andrade Díaz revivió el tema al cuestionar por separado a quien era secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis durante sus comparecencias en el Congreso.
El legislador reveló entonces que el proveedor ya había incurrido en acciones presuntamente ilícitas en otros estados y a pesar de eso se aceptó pagar por adelantado sin tener certeza que el helicóptero existía.
En 2017, Núñez Jiménez admitió el fraude y dijo que se estaban tomando todas las providencias legales para obligar al vendedor a regresar el dinero que se le dio, con los intereses necesarios.
Y mientras la Contraloría del Estado dio a conocer que comenzó las investigaciones pertinentes contra los involucrados, fue hasta 2018 que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Fernando Valenzuela sostuvo que había suficientes elementos para hablar de una estafa y del “dolo” con el que actuó la empresa.
Ahora, el gobernador Adán Augusto López Hernández retomó el asunto y giró instrucciones para que se reabriera la investigación pues a la fecha no se sabe nada ni del dinero ni de la unidad tipo AgustaWestland modelo 2002 con serie número 11134.
Lo más reciente en este caso fueron las declaraciones del coordinador general del Instituto de Protección Civil del estado de Tabasco (IPCT), Jorge Mier y Terán Suárez, quien informó que por las irregularidades en la compra del helicóptero, fueron inhabilitados el ex coordinador Iván Martínez Herrera, así como el director jurídico y la directora de administración.
En tanto que otros se han ‘lavado las manos’, como el diputado Ricardo Fitz Mendosa, quien dijo no estar involucrado a pesar de haber firmado un convenio en 2015, como titular de la extinta SERNAPAM, para recibir la donación de PEMEX que fue usada para la compra de la unidad.
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